Las empresas que fabrican neumáticos en el país suspendieron la producción por un conflicto gremial que escaló más allá de toda lógica: ante una propuesta de reajuste salarial que los gremialistas consideraron insignificante, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) decidió un paro por tiempo indeterminado, que incluye el bloqueo de plantas con acampes, además de la toma de las oficinas del Ministerio de Trabajo.
Si Bridgestone, Pirelli y Fate dejan de entregar neumáticos a las automotrices, estas deberán frenar sus respectivas plantas. En otras palabras, el conflicto impactará, en primera instancia, sobre una gran cadena productiva; y en una segunda instancia, en el mercado, donde las cubiertas ya aumentaron más de un 60 por ciento.
Los trabajadores tienen garantizados por nuestras leyes los derechos a la huelga y a la protesta, del mismo modo que las negociaciones salariales, que implican la búsqueda de un acuerdo entre las partes con el arbitraje del Estado.
De todos modos, las preguntas que generan situaciones límites como esta giran alrededor de los posibles excesos que se cometen: ¿un sindicato puede bloquear una fábrica para que ningún trabajador pueda ejercer su derecho a trabajar? ¿Por qué no puede un trabajador pensar distinto que el gremio? ¿El Estado no debiera actuar con la responsabilidad que amerita el caso, para salvaguardar a todos los trabajadores por igual?
No hay duda alguna de que los salarios pierden poder adquisitivo por la alta inflación. Es comprensible que los trabajadores pretendan disminuir al mínimo posible ese deterioro. Pero que la propuesta del sector empresarial sea calificada como insignificante por la dirigencia gremial no habilita a los sindicalistas y los núcleos militantes afines a bloquear fábricas.
De hecho, lo primero que se consigue con este accionar no es perjudicar a la industria sino a los trabajadores que se dice defender. Porque las empresas, al resolver el cierre temporal de sus operaciones, alegan que dejan de estar obligadas a pagar salarios. Y si se paraliza la producción automotriz, se afectará a trabajadores de otros gremios.
El conflicto lleva cinco meses en los que fracasaron unas 20 audiencias de conciliación. En ese lapso, los paros y bloqueos resintieron la producción. En la última reunión, las empresas ofrecieron 38 por ciento de aumento para el segundo semestre de este año; algo muy parecido, por ejemplo, a lo que recibieron los empleados públicos de la Provincia de Córdoba. El sindicato la rechazó, con el argumento de que está muy por debajo de la inflación de este año, que se estima próxima al 100 por ciento. Los empresarios se defienden señalando que desde marzo les presentaron cinco propuestas de aumento por encima de la inflación.
Los gremios sacan cuentas hacia adelante y demandan de acuerdo a la expectativa inflacionaria. Las empresas miran hacia atrás, y ofertan en función de la inflación pasada. Es una diferencia de perspectiva, en la que nadie se beneficia, sino que todos se perjudican.
Junto a ellos, hay un Gobierno que se muestra tan impotente para controlar la inflación como para desactivar un conflicto gremial.
