Protagonista central del movimiento libertario que asomó en Estados Unidos en el siglo pasado y pensador clave del anarcocapitalismo, el economista Murray Rothbard predicó que el Estado es, en esencia, una organización de robo sistematizado a gran escala.
“Si deseas saber cómo los libertarios consideran al Estado y cualquiera de sus actos, simplemente piensa en el Estado como una banda criminal, y todas las actitudes libertarias encajarán lógicamente”, escribió.
Rothbard llevó a un extremo teórico las ideas de la escuela austríaca de economía, que opone al mercado y el Estado como dos formas de organización social en tensión: sostuvo que son incompatibles.
Por excesivas, sus ideas fueron controvertidas por pensadores liberales como Robert Nozick, pero también elogiadas por otros como Jesús Huerta de Soto, el autor cuyas obras el presidente Javier Milei le regaló días atrás al papa León XIV.
La admiración de Milei por el pensamiento de Rothbard –según lo manifestó el propio Presidente– no sólo incluye el antiestatalismo radicalizado del autor estadounidense, sino también la estrategia populista de acceso y ejercicio del poder que Rothbard propone para llevar su teoría a la práctica.
Al juramentar sobre nuestra Constitución Nacional, Milei inauguró una novedad contradictoria e incierta: sus convicciones libertarias le recomiendan destruir el Estado cuya jefatura ejerce.
Por el momento, con un mínimo reconocible de sensatez, el jefe del Estado argentino ha recluido en los anaqueles de su biblioteca las hipérboles de Rothbard. Utiliza esas ideas sólo para su discurso público, con el cual busca respaldo para tareas imprescindibles en el reordenamiento de la economía, entre las cuales no es menor la importancia de disminuir el déficit inducido por gastos injustificados de la estructura estatal.
Pero no todos los funcionarios del Presidente parecen coincidir con sus ideas; menos aún con sus derivaciones prácticas.
El vocero Manuel Adorni, de notorio relieve electoral en los recientes comicios porteños, ha sido noticia en estos días por la designación de su hermano Francisco como representante del Ministerio de Defensa en el organismo burocrático que administra los fondos destinados a pagar retiros y pensiones a más de 300 mil integrantes de las Fuerzas Armadas.
Al parecer, los sanos mecanismos de competencia que recomendarían enfáticamente los teóricos del mercado para acceder a cargos rentados con fondos públicos no forman parte del pliego de convicciones del vocero libertario.
En esta nueva designación de un familiar, el vocero Adorni prefirió optar por los viejos comportamientos nepóticos que tanto se le han adjudicado a la llamada “casta política”, casi siempre con razones fundadas.
El Estado, para la familia Adorni, está lejos de ser esa organización insana que pregonan los ideólogos del Presidente. Más bien se ha tornado en una fuente de recursos privilegiada, solventada con los impuestos que Rothbard considera una exacción de primera magnitud.
Si los predicadores del Estado como banda criminal terminan sirviéndose del presupuesto público para alimentar el propio, habrá que coincidir con la escéptica conclusión que el vocero suele añadir a sus sentencias: fin.
