Desde hace años truenan las quejas de cordobeses que han tenido malas experiencias con los cuidacoches de la capital provincial.
Las noticias no dejan de sucederse: discusiones airadas cuando quien conduce no quiere pagar la cifra solicitada, imposiciones astronómicas para cuidar autos en eventos masivos, represalias contra vehículos por no pagar la tarifa pedida y un largo etcétera que muchas veces termina en hechos de violencia.
Un nuevo proyecto –otro más– acaba de ser presentado en la Legislatura de Córdoba, esta vez por Gregorio Hernández Maqueda. El texto busca prohibir la actividad de los “naranjitas” en toda la provincia.
Entre otro puntos, se propone modificar el artículo 60 de la ley 10.326 para sancionar a quienes, sin ser funcionarios públicos, exijan retribución económica por permitir el estacionamiento o por alegar el cuidado de vehículos en la vía pública.
Eso implicaría dejar sin efecto las concesiones de los cuidacoches legales, que formaron cooperativas para ordenar y cobrar el estacionamiento medido en algunas zonas de la ciudad.
El proyecto contempla la oferta gratuita de cursos y capacitaciones en oficios para facilitar la inserción en el mercado laboral formal de quienes se quedarían sin esa actividad.
Hernández Maqueda argumenta que la actividad de los cuidacoches genera inseguridad y molestias a los ciudadanos y que muchos cordobeses sufren su salida a la calle por temor a ser víctimas de delitos violentos.
El proyecto es apoyado por vecinos que denunciaron haber sido extorsionados, por propietarios de bares y restaurantes afectados, por concejales, por funcionarios municipales, por legisladores y por activistas libertarios.
En relación con esta situación, hay dos puntos centrales: el primero, que una cosa es tener que soportar la prepotencia de algunos “naranjitas” y otra, muy distinta, es afirmar que todos son delincuentes y que pertenecen a redes delictivas.
No sólo porque existen cooperativas legalizadas que cobran lo pactado por el municipio, sino porque la actividad de cuidar coches es también producto de una situación de vulnerabilidad extrema, en medio de un contexto que sufre gran parte de la población.
La crisis es económica y conlleva una degradación social cuyos exponentes a veces son los “naranjitas”, pero también lo son quienes generalizan de una manera tal que no dejan lugar para grises; que sólo pregonan amputar en lugar de curar.
Dicho esto, va el segundo punto principal de la discusión: la Municipalidad de Córdoba optó desde hace años por hacer la plancha, por evitar el debate y eventuales costos políticos, y nunca avanzó en una alternativa seria para solucionar este tema. La misma estrategia que en cuestiones como –por ejemplo– la de las aplicaciones de transporte, en las que sólo mueve algún casillero cuando todo estalla o cuando se lo ordena el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Gestionar implica pensar, proponer, consensuar y ejecutar acciones y normas que solucionen la vida a la gente. La inacción suele conducir a lo contrario.
Va siendo hora de abordar el tema de los “naranjitas” de una vez por todas, de manera razonable pero concluyente.
