Los datos están allí, claros y concluyentes para quien quiera detenerse a responder la más racional de las preguntas: ¿por qué seguimos haciendo lo que hacemos a sabiendas del resultado, siempre igual o peor a los anteriores?
90 muertes acaecidas en la provincia de Córdoba en siniestros viales en solo 100 días de este año dicen mucho sobre nuestra incapacidad para aprender de las tragedias ajenas y del escaso rigor aplicado por parte de quienes tienen responsabilidades operativas en la cuestión.
Se trata de una vida perdida por cada día transcurrido, con mayoría de personas adultas, un tercio de ellas conductoras de motocicletas y en horas de la mañana. Estos datos de por sí configuran un mapa que debería motivar una mejor respuesta operativa.
De todas maneras, estas cifras distan de los peores registros anteriores a la creación de la Policía Caminera en 2008, pero es escaso logro para una celebración.
La Voz viene relevando los siniestros viales provinciales desde 2007, con datos que permiten aseverar que la cifra de siniestros se ha amesetado, lo que no es para nada un logro. Sin dudas, la actividad de la Caminera ha redundado en cierto cuidado por parte de muchos conductores, por efecto de las fuertes multas, pero la política punitiva no es un factor que cambie radicalmente la conducta antisocial de algunos conductores y el escaso respeto por la vida propia y ajena, que a diario constatan quienes se esfuerzan por actuar de manera racional.
Las vías de circulación rápida son el escenario propicio para que la ley del más fuerte se manifieste en todo su dudoso esplendor, muchas veces practicada por quienes se abren paso sin reparar en cortesía alguna. A ello debe sumarse un clima de nerviosismo generalizado en buena parte de una sociedad tensionada por una realidad que no da tregua. Un cóctel de consecuencias fácilmente previsibles.
Pero las estadísticas deberían producir como resultado el ajuste de las políticas respectivas: se sabe que las rutas más peligrosas son la 60 y la 5, amén de la avenida de Circunvalación de la Capital provincial. Y que la mayor parte de las muertes se producen en rutas y autovías. Queda claro, entonces, que se requiere de mayor vigilancia en los lugares y horas críticas, por lo que la Caminera debería ser reformulada en cuanto a presencia y competencias.
Nada, sin embargo, habrán de mejorar las multas sin una labor docente más profunda y de mayor control sobre la emisión de licencias de conducir. Al fin y al cabo, conducimos de la misma manera que llevamos adelante nuestra ciudadanía, por lo que nadie debería esperar que seamos mejores en una cosa que en la otra. Como en todo lo que nos ocurre, la educación sigue estando en el comienzo y en el final de todos nuestros problemas.
