La inexplicable muerte de varios bebés en el hospital Materno Neonatal de la Provincia es una tragedia inconmensurable, que conmueve a la sociedad. De hecho, se ha proyectado a los medios nacionales.
En medio del dolor de las familias afectadas y de la preocupación y la angustia que experimentan cientos de mujeres que están a punto de dar a luz en esa o en otras instituciones, el fiscal a cargo de la investigación judicial, en una conferencia de prensa, pidió prudencia y paciencia.
Su solicitud tiene lógica. El relevamiento de pruebas y la corroboración de sus hipótesis requieren de meticulosidad. No se puede acusar a nadie de buenas a primeras. Tampoco se puede desarrollar una investigación por meras cuestiones subjetivas si no hay un fuerte indicio de que se está frente a un delito.
Pero la ansiedad social también tiene su lógica. Conmocionada por algo tan inesperado, la sociedad reclama una respuesta convincente en el menor tiempo posible. Con asistencia legal o sin ella, madres que perdieron a sus bebés, o madres cuyos hijos sobrevivieron pero después de superar descompensaciones injustificadas, ofrecieron sus testimonios a la prensa, con la doble esperanza de que se haga justicia y de que no haya que lamentar más muertes.
Por lo tanto, algunos medios de comunicación, al desarrollar sus propias líneas de investigación, pueden generar información que afecte la prudencia que demanda el fiscal.
Cada quien debiera actuar, entonces, con la responsabilidad y la ética que le corresponde por su función social y/o institucional.
El caso se hizo público en la última semana, pero nos retrotrae varios meses: entre marzo y junio de este año, en el Hospital Materno Neonatal habrían muerto al menos cinco recién nacidos por razones desconocidas, y otros ocho bebés habrían sufrido inexplicables complicaciones de salud que luego lograron superar.
Por año, en ese hospital que es referencia provincial en la materia para casos graves y complejos, nacen unos ocho mil bebés. Como contrapartida, por año, en todo el territorio provincial, mueren unos 300 niños menores de un año. Por eso la muerte de estos recién nacidos en buenas condiciones de salud y sin factores de riesgo, en un mismo hospital y en un período corto de tiempo, agita todas las sospechas.
Hace al menos unos tres meses, el Ministerio de Salud decidió la apertura de un sumario interno para investigar el hecho. El 7 de julio, el área de Legales del Ministerio presentó una denuncia penal para que se investigara si estamos frente a una serie de asesinatos de bebés o si sus muertes se originaron por alguna mala práctica recurrente.
Pero para esa fecha ya existiría al menos una denuncia particular. En consecuencia, la Justicia no sólo debiera esclarecer las muertes y lo que les aconteció a los otros bebés, sino también analizar el accionar de las autoridades sanitarias.
