Según las definiciones que las autoridades de nuestro país proclaman sobre sí mismas, el Gobierno nacional está identificado con las ideas de una vertiente de pensamiento que no es liberal sino libertaria. Ambas ideologías tienen un núcleo en común. Sostienen que a toda persona humana le asiste el derecho de concebir y procurar sus propios fines de manera autónoma en un ámbito de libertad.
Más allá de esa raíz compartida, ambas doctrinas tienen una diferencia conceptual relevante: para los liberales, todo gobierno debe ser un gobierno limitado, pero el Estado es un marco institucional admisible para el ejercicio armónico de los derechos individuales; para los libertarios, el Estado debe reducirse al mínimo, replegarse al rol de guardián nocturno. Sin intromisiones distributivas derivadas de su intervención en políticas educativas, sanitarias o de infraestructura pública.
Esta concepción del Estado mínimo es consecuente con otra diferencia central entre liberales y libertarios: la que versa sobre el derecho de propiedad. Para los libertarios, es una extensión de la propiedad sobre sí mismo, y todo gravamen es una mutilación. Los liberales admiten la legitimidad de una imposición, siempre que conlleve una representación política que resguarde los límites.
En consecuencia, si el Gobierno nacional sigue sosteniendo su convicción libertaria, estará obligado a respetar esos principios: el del Estado reducido a la condición de sereno que vela por el sueño autónomo de cada individuo, y el del gobierno limitado para no mutilar con impuestos a los contribuyentes.
Sin embargo, estos principios han sido puestos en duda por las autoridades nacionales al ampliar por tercera vez en lo que va de su mandato los fondos reservados que administra la Secretaría de Inteligencia del Estado. La gestión de Javier Milei decidió recientemente agregar 25 mil millones de pesos al presupuesto de esa área clave.
El refuerzo presupuestario total para el año en curso asciende ahora a 80 mil millones de pesos, de los cuales casi un 20% se destina a gastos reservados, cuyo destino específico no se transparenta al público y sólo es controlado por una comisión parlamentaria bicameral de fiscalización.
La Side está a cargo de Sergio Neiffert, funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Una conducción informal nunca desmentida por el Gobierno, que admite la injerencia de alguien que es ajeno a la estructura institucional en cuestiones del máximo nivel para la seguridad nacional.
El propio presidente de la Nación declaró que su asesor tiene más poder en la administración del Estado que el jefe de Gabinete instituido por nuestra Constitución Nacional. Caputo tiene autorizado el accionar informal no sólo en el área de inteligencia, sino también en la agencia de recaudación de impuestos.
Sin pertenecer a la estructura del Gobierno, el asesor presidencial supervisa en los hechos al menos dos políticas que todo libertario debería observar con especialísima atención: la recaudación de impuestos, que para la ideología oficial se asimila al trabajo esclavo, y el espionaje del Estado, con millonarios recursos, de la máxima opacidad admitida.
Demasiadas prerrogativas para un simple guardián nocturno.
