Una ola de xenofobia indisimulada recorre buena parte del planeta. Como en épocas que se repiten de manera cíclica en el mundo, tanto en occidente como en oriente, el extranjero es discriminado por su procedencia, raza o religión.
En ese proceso, se le adjudican las más variadas culpas: el auge delictivo, la pérdida de empleo, el gasto que generan y un sinnúmero de razones difíciles de constatar, pero que suenan verosímiles en los oídos ansiosos de quienes necesitan atribuir a alguien los males presentes y pasados.
Lo lógico sería, claro está, que estas responsabilidades se adjudicaran a quienes gobiernan sin brújula, incapacitados para dar respuestas a los diferentes problemas económicos y sociales que se cargan sobre las espaldas de personas que tuvieron que dejar su tierra natal por múltiples razones, la mayoría de ellas penosas.
De la mano del Gobierno libertario, nuestro país se está sumando a un direccionamiento que nadie ha votado ni solicitado, con una ciudadanía asfixiada por un derrotero diario cargado de necesidades crecientes, en un marco en el que lo urgente se impone a lo necesario y los problemas reales son relevados por problemas supuestos.
Prueba de ello es el reciente anuncio de una nueva política migratoria impuesta por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que, como suele suceder, confundirá restricciones con políticas.
En su trazo grueso, dicho anuncio mezcla el cobro de aranceles a quienes cursen estudios superiores en la Argentina y a quienes se atiendan en hospitales públicos; la obligación para los turistas de contar con seguro médico; un ajuste en el otorgamiento de documentos de identidad, y mayores requisitos para el otorgamiento de residencias. Del mismo modo, se prohibirá el ingreso de quienes registren alguna condena.
Del desglose de estos anuncios, se desprende que tienen mucho de mediático y poco de propuesta superadora en un país que requeriría, como en otros, definir si necesita determinado tipo de migrantes y que desde siempre debió controlar los antecedentes de quienes ingresan, pero no lo ha hecho.
En cuanto al requisito de un seguro de salud, es casi una obviedad, del mismo modo que se sabe que no es la presencia de extranjeros lo que agota los insuficientes presupuestos universitarios, tanto como que la notable crisis hospitalaria nacional no se soluciona con cobrarle a los extranjeros. Y nuestra epidemia de inseguridad, vale enfatizarlo, no se debe a una invasión de delincuentes extraterritoriales. Para demostrarlo, allí están las estadísticas que los funcionarios olvidan consultar.
La falta de políticas públicas no debería ser disimulada por anuncios marketineros que omiten la porosidad de nuestras desguarnecidas fronteras, la laxitud de nuestras aduanas y el oportunismo de funcionarios puestos a buscar culpables para su ineficiencia.
Del mismo modo, promover alineamientos simbióticos con las disposiciones contrarias a derecho que en otros países se están ejecutando no habla muy bien de nosotros, pero sí de la falta de ideas de quienes optan por estos recursos fáciles.
