La adecuada administración de medicamentos según lo prescripto por el profesional médico forma parte esencial del tratamiento de diversas enfermedades, algunas de ellas de origen crónico o de larga duración.
Sin embargo, el cumplimiento acabado de las dosis recetadas se está complicando, ya no por la renuencia de los pacientes, sino por una cuestión de precios de algunos fármacos.
Es de público conocimiento que el arrastre de años de las crisis económicas en Argentina ha repercutido de manera directa en el poder adquisitivo de mucha gente, compelida a dejar en un segundo plano la compra de artículos de primera necesidad, entre ellos, los medicamentos, necesarios para el cuidado de la salud y de una buena calidad de vida.
Como dimos cuenta en un informe publicado días atrás, los propios directivos de organizaciones que agrupan al conjunto de farmacias de Córdoba admiten que la crisis y los costos de mostrador son causantes de la falta de continuidad de los tratamientos.
Por citar un testimonio, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Diego Miranda, admitió que hay pacientes que vienen postergando su tratamiento porque no pueden costearlo. Y vinculó este fenómeno con la crisis socioeconómica que atraviesa el país.
En julio, el índice de precios al consumidor que mide y difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se incrementó en un 1,9%, un porcentaje algo superior al de los remedios, cuya suba promedio fue del 1,23%, de acuerdo con el relevamiento mensual que realiza La Voz.
Más allá de los índices y de las comparaciones con otros productos, lo concreto es que el acceso a medicamentos está resultando un problema para una buena cantidad de argentinos. La crisis y el poder de compra en caída cierran un círculo complejo para la salud pública, al que se debe prestar la debida atención.
Los profesionales aportan un dato preciso: si bien hay remedios que tienen una cobertura del 100% por la obra social Pami, cuando el beneficio no es total surge, para muchos de los afiliados, la imposibilidad de adquirirlos y el riesgo de interrumpir la droga prescripta, con los problemas sanitarios que ello implica.
Los facultativos aconsejan “buscar precios” en diversas marcas, lo que constituye un inconveniente añadido para personas de edad, algunas afectadas por restricciones de movilidad. Y, en el caso de personas diagnosticadas con enfermedades graves, los medicamentos suelen ser de altísimo costo cuando no están incluidos en la cobertura.
El horizonte de corto plazo no se ve favorable: el sector farmacéutico señala que, en lo que va de agosto, se perfilan índices inflacionarios que pueden complicar aún más el panorama.
En resumen, es necesario implementar políticas más adecuadas para que los pacientes que lo necesiten puedan sostener en el tiempo las terapias indicadas por sus médicos.
Hay formas de congeniar soluciones entre los sectores involucrados, de modo de auxiliar a los más afectados en algo tan vital como la salud.
