Argentina discute en forma desordenada y espasmódica grandes temas, los cuales deberían concluir con un consenso político, para un mejor desarrollo económico y bienestar de la población. Uno de ellos es el de los impuestos que se cobran en distintos niveles del Estado.
La cuestión se plantea en forma ocasional, generalmente con un impacto inmediato en la vida cotidiana, pero sin que se produzcan avances significativos en su resolución.
Por caso, Mercado Libre, una de las empresas líderes en facturación del país, cuestionó el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos en Santa Fe y los tributos que le cobra la Municipalidad de Córdoba, que en este caso ascendían a $ 770 millones mensuales.
En esta Capital, decidió cerrar las oficinas de atención y de desarrollo de software, donde se desempeñaban 1.260 empleados, quienes seguirán trabajando en forma remota.
La firma sostuvo que la carga impositiva equivalía a 24 veces el alquiler de las oficinas que ocupa en la ciudad de Córdoba. Sostuvo también que la alícuota municipal multiplicaba al menos por dos la que se cobra en otras grandes urbes.
Planteos similares ya habían sido realizados por otras compañías, así como por el Banco de la Nación Argentina, que decidió cerrar sucursales al multiplicarse la alícuota por servicios financieros en diversos municipios y provincias.
Tampoco el Gobierno nacional dio buenas señales en esa dirección, pese a la prédica a favor de la reducción de impuestos y de la eliminación de organismos, que también demandan el pago de tasas a sus usuarios.
El reciente aumento en las retenciones a la soja y al maíz revela la voracidad fiscal del Estado.
La estabilidad económica de los últimos 18 meses y la desaceleración de la inflación pusieron bajo la lupa los costos internos de las empresas y las cargas fiscales para el desarrollo de sus actividades.
El complejo sistema tributario argentino, que incluye más de un centenar de impuestos, aparece como uno de los grandes desafíos para la reducción de costos, que permitiría ganar competitividad en el mercado interno y afrontar la competencia externa.
Desde sus orígenes, el pago de tributos se justificaba en la contraprestación de servicios, por ejemplo, con la protección y seguridad de los ciudadanos.
Más recientemente, se agregó a la carga impositiva el concepto de redistribución de la riqueza, aunque en no pocos casos conlleva el mismo propósito recaudatorio que el de otros gravámenes.
En líneas generales, los servicios públicos en la Argentina son caros, ineficientes e ineficaces para las condiciones de desarrollo personal y económico.
Ante la fuerte competencia que plantean los artículos y bienes importados, las autoridades de distinto orden están obligadas a trabajar para elaborar una carga impositiva equilibrada y justa.
Esa obligación es un imperativo para las autoridades de la Provincia y de los municipios, si quieren mantener a Córdoba como un centro atractivo para las inversiones y el crecimiento social y económico.
