En nuestro país –que parece padecer de una crónica y sospechosa mala memoria– es casi obligatorio refrescar de manera periódica las cosas que nos empeñamos en no recordar.
En ese escenario de olvido sistemático se inscriben los duros debates suscitados en el no muy lejano 2010, cuando tras años de gestiones infructuosas, el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.636, denominada Ley de Glaciares.
La aprobación se produjo en medio de un quiebre del oficialismo que pretendía una flexibilización que permitiera proyectos megamineros impulsados por la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Vale recordarlo porque estaba en juego la defensa de las denominadas “fábricas de agua”, como son los glaciares, sobre cuyos segmentos periglaciares se pretendía avanzar con proyectos de explotación aurífera, entre otros, con el consiguiente riesgo de contaminación de la última fuente natural existente en materia de generación de agua potable en un mundo en el que este recurso se ha tornado invaluable.
El anuncio reciente referido a la modificación de dicha ley mediante un decreto presidencial, a efectos de permitir la minería en glaciares de escasa extensión, reabre el debate sobre los riesgos de la megaminería y sus beneficios.
Esto sucede en un contexto en el que la experiencia muestra que las provincias dueñas de los recursos del subsuelo reciben poco a cambio de mucho, a raíz de que el régimen vigente permite liquidar regalías sobre mineral en bruto, lo que representa un porcentaje ínfimo respecto del valor real de lo exportado.
Pero ese aspecto económico no es el único que se debe considerar a la hora de reflexionar sobre la cuestión.
También es importante detenerse en el modo en que se pretender legislar en un tema tan significativo como son los glaciares. En principio, queda expuesto el intento, una vez más, de gobernar por decreto, eludiendo el paso por el Congreso y la discusión de cualquier instrumento legal destinado a modificar condiciones medioambientales contempladas en la norma 25.675 (Ley General de Ambiente).
Y no hay que obviar que la idea se inserta en un contexto de clara negación de las cuestiones vinculadas con la preservación del ambiente y el impacto que tiene sobre este toda actividad económica extractiva e intensiva. El abandono del Acuerdo de París por parte del Gobierno de Javier Milei es al respecto suficientemente ilustrativo.
Para ser justos, deberíamos puntualizar que con frecuencia las posturas de las organizaciones ambientalistas rozan el fundamentalismo y hasta exhiben una intolerancia infantil. Pero ello no es motivo suficiente para suponer que la primarización de la economía a bajo costo es un objetivo deseable.
Más allá de que lo ideal es que los temas que nos afectan sean discutidos con amplitud en el ámbito correspondiente, como lo es el Congreso, debería recordarse que los decretos no pueden modificar leyes, que está de por medio la Constitución Nacional -vapuleada pero vigente- y que estos intentos acaban por judicializarse, pagando el precio de no aceptar las necesarias discusiones.
