Hay un desorden político que, de una forma u otra, impacta en la marcha de los asuntos económicos.
Las violentas protestas de los gremios del neumático y del transporte; las acciones criminales de supuestos grupos mapuches en el sur, y la toma intempestiva de colegios por parte de agrupaciones juveniles kirchneristas conforman un marco preocupante.
Detrás de todos esos reclamos, pueden subyacer razones justas, pero la metodología elegida –alentada por grupos partidarios– no contribuye a generar un clima de entendimiento para la solución de los problemas.
Un reciente diagnóstico de un instituto alemán señaló que “la Argentina es incapaz de discutir sus dilemas”, lo que revela la dificultad para construir consensos mínimos.
El principal indicador económico que muestra esas desavenencias es la inversión privada, que para ser atractiva necesita de marcos legales perdurables.
El Gobierno nacional demuestra inacción y prejuicios para encauzar el desorden político.
A ello se agrega el desquicio económico, a partir de una alta inflación y varios tipos de cambio, todo lo cual conduce a que el país no tenga un sistema de precios referencial.
El Ministerio de Economía usó un “dólar soja” para facilitar la liquidación de esos granos por un valor cercano a 7 mil millones de dólares. La mitad fue a reforzar las escasas reservas del Banco Central.
Como el dólar mayorista, que sirve de referencia para la exportación, no es atractivo, distintos sectores solicitan ahora tener un tipo de cambio diferente para las ventas al exterior.
Así, los productores de vinos insisten en un “dólar malbec”, mientras que los productores del norte piden un “dólar limón”.
Hasta la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, dijo que un tipo de cambio específico para la actividad “es algo que podemos ir conversando”.
El desorden se completa con el “dólar Qatar”, que regiría desde octubre para la venta de pasajes y para las compras en el exterior con tarjeta.
El problema radica en que los distintos tipos de dólar oficial quedaron desfasados respecto de la inflación, que este año podría alcanzar el 100%. Las perspectivas para 2023 también son de una suba de precios por encima del 60%.
Por temor al impacto social, el Gobierno evita devaluar y sincerar las diferentes cotizaciones. La solución es disponer un parche para cada sector de la economía.
Este esquema no hace más que agravar el desquicio en que se han convertido los precios en cada actividad, lo cual profundiza la desconfianza hacia la moneda nacional.
Los argentinos no confían en el peso como reserva de valor, ante lo cual intentan colocar sus ahorros y sus inversiones en dólares.
La conducción tripartita de los asuntos gubernamentales contribuye a profundizar la desconfianza sobre la marcha de la economía.
La caída del empleo registrado y el aumento de la pobreza continuarán si no hay acuerdos políticos mínimos y un plan de estabilización coherente.
Por contrapartida, el plan “vamos viendo” puede agudizar el desquicio en todos los ámbitos.
