El Concejo Deliberante de Río Tercero aprobó por unanimidad la denominada “ficha limpia”, tanto para las candidaturas municipales como para el nombramiento de funcionarios. De esta manera, en las próximas elecciones primarias todo precandidato deberá certificar su condición judicial.
A nivel nacional, en el Congreso se han presentado numerosos proyectos similares durante los últimos años, pero estos no fueron aprobados. Tampoco en la Legislatura provincial cordobesa. Sí hay antecedentes, en nuestra provincia, en las localidades de Almafuerte, Jesús María, Oncativo, Villa del Rosario y Bell Ville. En otras provincias, también es un tema en discusión.
Es que resulta lógico, desde todo punto de vista, que se impida la candidatura de una persona con una sentencia judicial en su contra. La Justicia ha visto obstaculizada más de una vez su labor porque el acusado estaba protegido por fueros legislativos. En el Parlamento nacional, conseguir que una cámara vote el desafuero de uno de sus miembros para que la Justicia pueda actuar es un trámite por demás engorroso.
Por cierto, los fueros de los legisladores se establecieron con otros objetivos y en otros contextos jurídicos. Pero por más que los propios diputados y senadores reconocen que nadie puede ampararse en sus fueros, por ejemplo, para esquivar una causa judicial por corrupción, lo cierto es que la norma está vigente y sigue siendo mal usada.
Por la ordenanza de Río Tercero, desde la próxima contienda electoral todos los precandidatos que se inscriban para participar en elecciones deberán presentar su certificado de antecedentes penales, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia; una constancia del Registro Civil de la Provincia de que no se encuentra incorporado al registro de deudores alimentarios morosos, y una constancia emitida por el portal Ciudadano Digital de que no está inscripto en el registro de abusadores sexuales.
Esta triple exigencia también regirá para los funcionarios antes de asumir en sus respectivos cargos.
No sólo se apunta, entonces, a las personas condenadas por corrupción, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, entre otros delitos. También quedan contemplados los delitos contra la integridad sexual de las personas y el incumplimiento de regulaciones judiciales vinculadas con el mantenimiento de los hijos.
La inhabilitación se hará efectiva, por ejemplo, desde el momento en que se establezca una sentencia condenatoria en segunda instancia hasta su eventual revocación posterior o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
Este encuadre no viola el principio de inocencia, según el cual todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para los cargos políticos electorales y los funcionarios estatales, en la actualidad se tiende a invertir la carga de la prueba: es el político el que debe demostrar que es inocente del delito por el que se lo acusa. Y una condena en segunda instancia resulta suficiente para inhibirlo.
Lo que legisla una Municipalidad puede legislarlo una Provincia y hasta la Nación. La ficha limpia debería ser aplicada en todos los niveles de gobierno.
