La gran mayoría de los consumidores desconoce la calidad de elaboración de los alimentos que compra. De igual modo, ignora si la carga nutricional de los comestibles que se exhiben en las góndolas de un supermercado o en el mostrador del almacén es recomendada o desaconsejada para el organismo.
Se trata de un hábito de vieja data, que en los últimos tiempos se profundizó en un escenario de enorme expansión del comercio alimentario y a caballo de una competencia no siempre leal.
Sin embargo, ha sido dicho que, aunque de forma tardía, siempre habrá la voluntad de cambiar (o al menos moderar) lo que se proyectó a contrapelo de las necesidades y de los derechos de los consumidores, no sólo en materia alimentaria.
Es por ello de gran valor que la Cámara de Diputados de la Nación haya sancionado la Ley de Etiquetado Frontal, una medida que obliga a los fabricantes a especificar en los envases los nutrientes que componen determinados productos.
De esa forma, los usuarios podrán verificar en las etiquetas si existen excesos de nutrientes considerados críticos para la salud, como azúcares, sodios y grasas, entre otros ingredientes.
Se podría inferir que una deficiente alimentación depende de varios factores. Entre ellos, los excesos personales y la insalubridad de lo que comemos.
Claro que no podrá estar ausente la crisis económica que golpea a los grupos sociales más vulnerables, los cuales en muchos casos sobreviven con lo que hay. En ese contexto de carencias cotidianas, no hay primeras marcas ni etiquetados que valgan.
Con todo, el espíritu del proyecto convertido en ley durante las primeras horas del pasado miércoles, apunta a reducir los índices de sobrepeso y de obesidad generados, sobre todo, por los desarreglos alimentarios.
En ese sentido, en el recinto se difundieron indicadores que deben llamar a la reflexión. Según enumeró la diputada oficialista Cecilia Moreau, en Argentina el 66 por ciento de la población tiene sobrepeso y el 32 por ciento padece obesidad.
Es cierto que la flamante Ley de Etiquetado no resolverá de un día para otro estos problemas, pero viene a saldar una vieja deuda en el comercio de alimentos y a crear conciencia en la ciudadanía.
Habrá tiempo para constatar si la normativa es de utilidad pública o si puede ser mejorada. Pero aun así se termina un ciclo en el que se ponían a la venta mercaderías sin antecedentes ni controles rigurosos en bien de preservar la buena salud.
Vale reiterar: la obesidad derivada de lo que alguna vez se definió con humor sarcástico como “comida chatarra” es una de las principales causas de enfermedades como la hipertensión arterial y las derivaciones en complicaciones crónicas.
Son asuntos que competen a los médicos y los especialistas en nutrición. Mientras tanto, la política, en el buen entender de la mayoría de los parlamentarios de ambas cámaras del Congreso nacional, dio un paso trascendente en vías de transparentar el contenido de los alimentos.
