No es una novedad, pero mes a mes la caída de los ingresos propios y la de la coparticipación nacional agravan al extremo la situación fiscal de las provincias.
El Gobierno de Córdoba acusó en abril una baja real de 15% de los recursos. El dato refleja que la recaudación nominal fue mayor a la de abril de 2023, pero negativa si se descuenta la inflación de los últimos 12 meses.
La baja registrada en marzo fue de 18%; en febrero, de 8%, y en enero último, de 10%. Si se compara el primer cuatrimestre respecto de igual período del año anterior, la merma real es de 12,1%.
En términos nominales, supone unos $ 200 mil millones menos que un año atrás, según señala en cada acto público el gobernador Martín Llaryora.
El mandatario agrega que a esa “pérdida” deben sumarse los recursos que la Provincia sigue aportando para sostener el transporte, dado el congelamiento de los subsidios nacionales, y para el pago del ex Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que fue eliminado por la administración central.
En términos financieros, la situación se repite en las otras 23 jurisdicciones nacionales, con efectos más negativos en las provincias que dependen de los recursos de coparticipación y de fondos no reintegrables, los que ahora son enviados a cuentagotas al interior.
La fuerte caída de los ingresos obedece, principalmente, a la menor coparticipación que recibe el interior, por un retroceso de la actividad económica –que impacta en el IVA y en los tributos vinculados con la producción y las ventas– y en la desfinanciación provocada por la virtual supresión del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores registrados.
La medida electoralista del exministro Sergio Massa se produjo luego de la derrota que sufrió en las elecciones primarias de 2023, con el objetivo de llegar al balotaje presidencial.
Es cierto, como señala el presidente Javier Milei, que numerosas administraciones no produjeron aún el recorte de gastos superfluos ni el achicamiento de los aparatos burocráticos montados con fines electorales.
La oposición en Córdoba insiste en que Llaryora tampoco avanzó en esa dirección, al mantener una estructura de 25 organismos públicos, entre ministerios y agencias, que se incrementaron al inicio de la actual gestión.
El Gobierno nacional debe volver su mirada sobre la situación social y fiscal de las provincias, las cuales no pueden ser catalogadas en conjunto por el “despilfarro” de sus recursos.
Cada jurisdicción necesita la atención de sus problemas específicos, de su menor desarrollo y de las contingencias de su territorio.
Como sucedió en el pasado, el gobierno de Milei no puede usar la asfixia financiera del interior para lograr apoyo a sus proyectos en el Congreso Nacional.
Argentina necesita otra evaluación para el reparto de los fondos nacionales, que atienda las emergencias del interior y aliente proyectos de desarrollo económico sustentable e inclusivo.
Como señala el “pacto de mayo” por suscribirse en Córdoba, el acuerdo debe concretar “la discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual”.
