Mientras los debates económicos copan la agenda legislativa y el Congreso argentino funciona al ritmo de las urgencias, una serie de proyectos sociales fundamentales, que no implican costos fiscales, siguen durmiendo en los cajones.
Son iniciativas con nombre propio, con historias de vida detrás, con demandas sociales profundas. Pero ni el dolor ciudadano ni el trabajo parlamentario previo lograron hasta ahora abrir paso entre la maraña de intereses políticos.
Uno de esos proyectos es el de prevención de la ludopatía, aprobado en Diputados el 27 de noviembre de 2023. Busca limitar la publicidad del juego online y establecer una regulación más estricta para las plataformas de apuestas. Por un lado, el oficialismo, a tono con su ideología de mínima intervención estatal y, por otro, el lobby del sector de ciberapuestas, han paralizado el tratamiento en el Senado.
Mientras tanto, crece una adicción silenciosa que atrapa en especial a jóvenes y a personas vulnerables. En muchas provincias, esto ya se transformó en un problema muy preocupante, de enormes dimensiones.
Otro proyecto clave es la llamada “ley Nicolás”, en memoria de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió por una mala praxis médica. La norma propuesta busca mejorar la atención médica y las condiciones laborales del personal de salud, con el objetivo de reducir errores evitables.
Fue aprobada por Diputados en 2023, pero si no se trata antes de febrero de 2026, perderá estado parlamentario. La senadora Edith Terenzi recordó que esta iniciativa nace del dolor transformado en acción de muchas familias, y que su aprobación representa un acto de justicia.
También sigue sin tratamiento en Diputados la llamada “ley Blas”, impulsada tras el asesinato del joven Blas Correa por parte de efectivos policiales en Córdoba.
El proyecto propone penas más severas para funcionarios que alteren escenas del crimen y establece la figura del arrepentido. A pesar de tener dictamen favorable dentro de una reforma penal más amplia, su discusión no avanza por falta de voluntad política.
¿Por qué no se tratan estas leyes? El argumento oficialista es que las urgencias macroeconómicas exigen sesiones exprés y temarios cerrados.
En el Senado, además, reina un clima de tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, que paraliza cualquier intento de ampliar la agenda. Y la composición de la cámara dificulta la búsqueda de consensos entre el oficialismo y la oposición. El malestar crece, pero no alcanza para torcer el rumbo.
El Congreso no puede reducirse a una máquina de convalidar medidas económicas. También debe ser un espacio en el que se debatan y aprueben políticas que mejoren la vida de las personas.
Las leyes sociales que hoy están postergadas no implican grandes recursos, pero tienen un impacto profundo en la salud pública, la seguridad institucional y los derechos ciudadanos.
Es urgente, sí, pero también es importante. Y lo importante no debe seguir siendo relegado. Aprobar estas leyes sería una señal de madurez política, de empatía con la sociedad y de respeto por quienes han convertido el dolor en lucha.
El Congreso debe estar a la altura.
