El Congreso nacional, sobre todo la Cámara de Diputados, casi no sesionó durante 2021. A lo largo de 12 meses, los diputados sólo sesionaron en ocho oportunidades para tratar proyectos. Además, tuvieron una sesión informativa con el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero y una sesión preparatoria para renovar autoridades.
Al Senado no le demandó un gran esfuerzo superar esos números. A la reunión informativa con el Jefe de Gabinete y a la sesión preparatoria para la elección de las nuevas autoridades, sumó 18 sesiones para votar proyectos.
Son cifras muy bajas por donde se las mire. Es cierto que las campañas electorales resienten la actividad parlamentaria porque los legisladores se concentran en sus distritos, en función de sus responsabilidades partidarias. Pero el análisis histórico demostraría que en otras ocasiones hubo mayor cantidad de sesiones, a excepción de 2019, cuando también hubo sólo 10 debates en Diputados.
Tampoco puede obviarse que 2021 fue nuestro segundo año bajo el efecto de la pandemia, que restringió las sesiones presenciales. Vale recordar que el retorno al recinto legislativo fue un tema bastante discutido. Con todo, en 2020, cuando se declaró la pandemia, Diputados contabilizó 19 sesiones y el Senado 31, muchas más que en 2021.
En consecuencia, ninguna de estas posibles justificaciones explica la merma en las sesiones plenarias. ¿Acaso no había necesidad de legislar?
A lo largo del año, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de proyectos de ley para estimular la creación de puestos de trabajo y el ingreso de divisas, fomentar la inversión productiva, promover la agroindustria y la industria automotriz, o impulsar el “compre argentino”, entre otros ejemplos.
Paralelamente, en otras tantas oportunidades, Fernández mencionó su interés en fijar por ley una desdolarización de los servicios públicos, trazar un programa económico plurianual o encarar una reforma de la Ley de Educación Superior.
En otras palabras, el Gobierno tenía una gran expectativa sobre la labor parlamentaria que no pudo satisfacer.
Dos hipótesis concurrentes permiten comprender lo que ocurrió.
Por un lado, la interna del Frente de Todos atenta contra la elaboración y la posterior concreción de cualquier agenda. Definir un plan económico o consensuar un proyecto de ley sobre ciertas temáticas son cuestiones que requieren de una fuerte discusión. Cada una de las corrientes que integran la coalición debiera explicitar su posición. Ese proceso podría demostrar que algunos sectores no tienen predisposición para negociar.
Por otro lado, el trabajo parlamentario impone la participación de la oposición en igualdad de condiciones para acordar el funcionamiento de las comisiones, el temario de las sesiones, etcétera. Pero si se reivindica la célebre grieta como dispositivo que establece la existencia de dos sectores irreconciliables en la política argentina, como sucedió en la reciente campaña electoral, no es viable el diálogo con el otro.
Por supuesto, lo que la sociedad argentina le demanda a la dirigencia política en su conjunto es un trabajo cooperativo, dentro y fuera del Parlamento, para encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan.
