Mientras difunde como un dato positivo que en enero logró el superávit fiscal, el Gobierno nacional en los hechos actúa como si no tuviera obligaciones económicas con las provincias. Su conducta es inadmisible y corre serios riesgos de provocar numerosos reclamos en la Justicia.
Más allá de la coparticipación federal, hay leyes y acuerdos fiscales que regulan el envío de fondos específicos desde la Nación hasta las provincias. Se generaron a lo largo del tiempo y en ciertos casos están cerca de cumplir 30 años de vigencia. Algunos son conocidos por la ciudadanía porque periódicamente aparecen en las noticias; por ejemplo, los vinculados a las cajas provinciales de jubilaciones o el Fondo de Incentivo Docente.
Durante el pasado mes de enero, el Gobierno nacional actuó como si desconociera esas obligaciones, sin ningún tipo de acuerdo previo con las provincias implicadas, y en las últimas horas el vocero presidencial directamente anunció que no enviará los fondos educativos que le reclaman las provincias.
Hace unos días, el Gobierno ya había comunicado que eliminaba el subsidio al transporte de pasajeros del interior del país, justo cuando un grupo de intendentes solicitaba una reunión al secretario de Transporte de la Nación para intentar persuadirlo de que se hiciera un reparto más equitativo de los subsidios entre las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las cuentas en rojo que exhiben las arcas cordobesas lo demuestran. Si en enero Nación debía enviar unos $ 18.800 millones, Córdoba apenas habría recibido $ 3 mil millones. La diferencia es abismal.
Son fondos nacionales destinados a políticas ambientales, de asistencia alimentaria y de compra de medicamentos para sectores vulnerables, entre otros tópicos, además del subsidio al transporte, el incentivo docente y el acuerdo por la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Son, en total, más de 20 programas específicos, respaldados por una ley o por un acuerdo fiscal.
Lo que le pasa a Córdoba le ocurre al resto de las provincias. Están todas en la misma situación. Algunos de esos montos históricamente suelen llegar con un considerable atraso y a veces de manera totalmente discrecional e inequitativa. En épocas de alta inflación, por el estiramiento de los plazos, las provincias están acostumbradas a emprender una segunda negociación: no ya para que les liberen los fondos, sino para que se los actualicen. Mientras tanto, cada administración provincial tiene que ingeniárselas financieramente para cubrir los baches.
Nadie cree que el Gobierno nacional esté estirando los plazos. El Gobierno quiere recortar sus cuentas a costa de las provincias. Y puede tener razón, al considerar que la asistencia que les brinda es excesiva y que no hay estabilidad macroeconómica posible si no es asumida por todas las jurisdicciones. Pero debe dialogarlo con los gobernadores y llegar a acuerdos racionales y justos.
En última instancia, podría convocar a los jefes provinciales a discutir todos los acuerdos fiscales en el marco de una nueva ley de coparticipación y así cumplir con la exigencia de una cláusula transitoria de la Constitución Nacional, irresuelta desde la reforma de 1994.
