El Gobierno provincial obligará a las agencias de seguridad privada, con habilitaciones nuevas o renovaciones tramitadas en 2022 y en 2023, a repetir el procedimiento para obtener sus correspondientes permisos. La resolución se justifica en la imputación que el fiscal Anticorrupción Franco Mondino realizó el 29 de diciembre pasado contra dos empleados encargados de los trámites de habilitación de dichas agencias por, supuestamente, pedir coimas.
Aunque la resolución se tomó casi tres meses después, es tan necesaria como razonable. Si la habilitación de una agencia privada de seguridad fue “comprada”, es imposible saber si la empresa cumple los requisitos que le exige la ley. Por ejemplo, podría haber empleado policías exonerados, dados de baja por delitos o por conductas violentas.
Otro ejemplo: estas agencias deben certificar que sus empleados no tienen antecedentes, no figuran en el registro de reincidentes, no son deudores de cuotas alimentarias y que no están en el registro de personas con antecedentes de delitos contra la integridad sexual.
Si los controles oficiales no fueron legítimos, hasta se torna complejo saber con exactitud la cantidad de vigiladores empleados en la seguridad privada. Con cierto margen de error, hay quienes estiman que son entre ocho mil y nueve mil los guardias privados. Parecen demasiados si se lo compara con la Policía, que tiene en nómina unos 22.500 agentes, de los que están operativos algo más de 15 mil.
Por cierto, en medio de la inseguridad que vivimos, la seguridad privada expande regularmente su negocio. Son muchos los vecinos que se organizan cada semana para contratar un servicio tras experimentar que están a merced de los ladrones. Pero no saben que podrían estar en tratativas con empresas que compraron su certificación.
En la causa judicial, hay empresarios que se autoincriminaron al denunciar que pagaron la coima exigida, pero no recibieron a cambio la certificación que esperaban. De hecho, la causa cuenta con evidencias muy sólidas de los intercambios de dinero con los empleados imputados: hay constancias de depósitos en sus cuentas bancarias de los dineros acordados. Pero no se puede saber si los denunciantes son los únicos que aceptaron las coimas.
De las 232 empresas habilitadas, apenas 79 habían obtenido la renovación, con todo en regla, hasta la semana pasada. Las otras 153 aún no fueron revisadas. Paralelamente, si al comienzo de la investigación judicial eran siete los casos sospechosos, hoy ya son 14.
El proceso de habilitación, ahora bajo revisión, implicaba un legajo o un expediente tradicional: una burocrática acumulación de papeles a los que sólo tenían acceso los empleados de la repartición encargada y los interesados.
De momento, se ha instrumentado su digitalización, lo que representa un avance en términos de transparencia. Ahora, cualquier ciudadano o grupo de vecinos podrán acceder al Registro de Empresas de Seguridad y Vigiladores Habilitados, para consultar si tanto una empresa como un empleado determinado tienen un permiso vigente.
En cada acto de corrupción que se investiga, la demanda social es la misma: necesitamos la máxima investigación posible en el menor tiempo que sea factible, y que el Estado modifique sus métodos para impedir que la corrupción se propague.
