La solución de algunos conflictos vecinales por diferencias en cuestiones residenciales suelen demandar trabajosas gestiones que, sin embargo, muchas veces no alcanzan los resultados esperados por cada litigante. Es entonces cuando una de las partes decide acudir a la Justicia en modo de amparo.
Pero la cuestión se puede enmarañar aún más en esos ámbitos desbordantes de expedientes, lo cual ha llevado a altos magistrados a popularizar aquel viejo proverbio que avisa que “la justicia lenta no es justicia”.
Como venimos dando cuenta en distintos informes, algo de esto se puede observar en el dilatado conflicto ambiental que divide a los vecinos de barrio Jardín Espinosa y su ampliación, ubicados en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
A modo de semejanza, habrá que señalar que algunas barriadas tradicionales de Córdoba conservan su fisonomía de antaño, ya sea por edificaciones de época o por su frondosa arboleda presente en toda su extensión.
Y, en ese entorno de uso residencial, hay vecinos que se oponen férreamente a cualquier proyecto urbanístico que implique modificar paisajes y hasta estilos de vida. Por caso, la tala de especies autóctonas o las construcciones que impliquen cambios de regla.
Desde un razonamiento diametralmente opuesto, hay frentistas que promueven cambios a tono con los avances en materias inmobiliaria y urbanística, de modo tal que sus viviendas no pierdan valor de mercado. Y alegan que con las viejas estructuras ponen en riesgo la explotación comercial. Son quienes admiten que la “mancha urbana” debe complementarse hacia el sur de la ciudad.
Eso es lo que sucede en Jardín Espinosa. Posiciones irreductibles que movieron al centro vecinal de la zona a presentar un recurso ambiental en la Justicia, en oposición a los propietarios que alientan un desarrollo urbanístico e inmobiliario controlado.
Pero no parece haber entendimientos. Desde el centro vecinal, su titular, Gustavo Gaviglio, fundamentó el recurso de amparo en que, según dice, se intentan la destrucción del arbolado y un proceso desarrollista fuera de norma.
En contraposición, los más arraigados habitantes del barrio ponen el grito en el cielo porque, a raíz de la intervención judicial, se encuentran en grado de prohibición tareas comunes, como la poda de árboles con riesgo de derrumbe o ciertas modificaciones estructurales en viviendas.
Sin ánimo de examinar las razones que asisten a ambos grupos en discordia, lo que asoma como una desmesura es el tiempo transcurrido desde la presentación del amparo sin que las distintas instancias judiciales que entienden en la causa hayan definido una resolución.
Es de destacar que la medida preventiva gestionada por el centro vecinal del barrio data de 2019. A simple vista, un tiempo suficiente para emitir un fallo con argumentos sólidos.
En la suma de contratiempos, la Municipalidad sostiene que nada puede hacer en materia de proyectos y controles mientras el caso siga enredado en Tribunales.
Y emerge una constatación: si fracasan los consensos de partes, arbitrar en este tipo de situaciones es función de la Justicia.
