Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida de manera oficial por las Naciones Unidas en 1975.
El 8 de marzo hace alusión a una histórica manifestación feminista que tuvo lugar durante la Revolución Rusa, en 1917, que derivó en el otorgamiento del derecho a voto para las mujeres de ese país.
Como se puede ver, desde sus orígenes –incluso antes de 1917–, cada avance del movimiento feminista implicó una lucha revolucionaria.
Con el tiempo, y en especial en los últimos años, se revalorizó el 8-M como una oportunidad para visibilizar el reclamo de mujeres y de diversidades en relación con desigualdades que persisten y con paradigmas culturales muy difíciles de desterrar.
Apenas un ejemplo: el último estudio del Observatorio de Profesionales de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) relevó cinco indicadores que siguen evidenciando las diferencias entre mujeres y varones en la vida laboral. Se registran brechas en las horas de trabajo remunerado; de ingresos; inequitativa participación en tareas del hogar y cuidado; barreras en el acceso a cargos jerárquicos, y el ser mujer como condicionante negativo en el mercado laboral.
Todo eso sin contar las persistentes cifras de violencia de género, en todas sus manifestaciones, que son un indicador permanente del estado de situación y un insumo imprescindible para generar políticas públicas para combatirla.
Justamente, en los últimos meses parece imperar un discurso que no sólo niega la realidad, sino que hace eje en la falta de necesidad de generar líneas de acción para reforzar derechos que, a esta altura, debieran ser avalados por toda la sociedad.
La consigna de este 8-M en Córdoba incluye reclamos contra el plan de ajuste, contra los intentos de retrotraer derechos de las mujeres y contra el cercenamiento de políticas orientadas a la lucha contra la violencia de género, como lo fue el cierre de los ministerios de mujeres tanto a nivel nacional como provincial. Además, se marchará también contra los intentos de abolir la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la educación sexual integral (ESI), entre otros derechos consagrados por ley.
El hecho de que en una gestión anterior haya existido una estructura ineficiente no implica que se deba destruir todo. En este campo en especial, la acción decidida de los distintos niveles del Estado resulta vital para lograr avances contra las desigualdades existentes.
Al mismo tiempo, tampoco se puede pretender que dichas acciones borren de un plumazo prejuicios y brechas arraigadas y construidas por siglos.
Falta mucho por hacer; por eso, es altísimo el riesgo de tratar determinadas políticas públicas con una lógica mercantil. Y si esa idea es mezclada con discursos que, además, van en contra de esos derechos, el resultado puede ser muy peligroso.
