El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para aliviar a los sectores vulnerables y a los asalariados que pagan el Impuesto a las Ganancias, y otras acciones destinadas a alentar el consumo privado.
Cada una de ellas, sin embargo, merecieron reparos por parte de los sectores supuestamente beneficiados, al tiempo que economistas advirtieron la carencia de un plan integral para enfrentar la inflación.
Desde el 1° de noviembre, la deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia subirá a 330 mil pesos, lo que permitirá la exclusión de unos 380 mil contribuyentes, según estimaciones oficiales.
La deducción especial incrementada alcanzará a 431.988 pesos mensuales, por lo que aquellos comprendidos por el impuesto entre ambos montos tendrán una carga menor en relación con las otras categorías.
Las mayores críticas apuntan a que las otras deducciones no fueron incrementadas ni tampoco las escalas del impuesto, por lo que un trabajador que tenga ingresos mayores a 432 mil pesos podría ser castigado con alícuotas elevadas.
El anuncio del programa de Precios Justos, que alcanzaría a más de 1.500 artículos, es rechazado por las empresas, ya que los bienes deberían incluir en su etiquetado un precio que no se podrá modificar hasta el año próximo.
La inflación ronda el 7% mensual, con una proyección anual por encima del 100%, ante lo cual los industriales consideran impracticable establecer un precio fijo, dado el constante aumento de los costos de producción y los salariales.
La decisión de impulsar el Ahora 30 para la compra de celulares, televisores de alta gama y aires acondicionados tropieza con la escasa posibilidad de un mayor endeudamiento de asalariados y de jubilados, ante la caída real de sus ingresos frente a los precios.
Por último, la ayuda extraordinaria de 45 mil pesos a los sectores que no reciben planes ni ayuda oficial apenas mejora la supervivencia de miles de argentinos sumergidos en la pobreza y en la miseria.
Esos ingresos pueden ser rápidamente absorbidos por la inflación incontrolable, sobre la cual existen pocas medidas para contener el déficit en las cuentas oficiales.
El rojo de las empresas públicas trepó, en los últimos 12 meses, a 5.363 millones de dólares al tipo de cambio oficial. El déficit se incrementó en más de 40% en relación con los aportes recibidos el año pasado.
Los entes estatales son cooptados en su conducción por militantes partidarios, mientras que los planteles se incrementaron sustancialmente en relación con los existentes a fines de 2019.
Massa nada anunció sobre un recorte de esas pérdidas, ni tampoco otras medidas que contengan el gasto público al nivel de los ingresos que percibe el Estado nacional, para evitar una mayor emisión o un fuerte endeudamiento en pesos.
Los anuncios, parches en definitiva, no conforman un plan integral y sólo conllevan el objetivo de llegar a los comicios de 2023 sin un desmadre total. Pero generan una pesada herencia para la futura administración.
