Como el niño que pide a su padre comprar el pez sin antes tener la pecera. Eso es pretender que una institución como ficha limpia pueda ser aplicada dentro de un sistema judicial que se percibe a sí mismo como parte del elenco gobernante y no como un contrapoder independiente.
Dicho esto, ¿qué sucesión de hechos inéditos o qué cambios intelectuales ha tenido el gobernador Martín Llaryora para pasar de ignorar ficha limpia a impulsarla?
En efecto, después de años en el freezer, en estos días los legisladores provinciales aprobamos un dictamen de comisiones que busca instituir en Córdoba una norma de ética pública que se ha popularizado bajo el nombre de “ficha limpia”.
En síntesis, lo que establece es que, quienes hayan sido condenados en doble instancia por delitos dolosos, cuya pena sea de cumplimiento efectivo, no podrán acceder a cargos públicos de ninguna naturaleza.
Una medida elemental para reconciliar el ejercicio del poder político con la ética. Más aún: para intentar reconstruir la confianza de una sociedad golpeada por la violencia y por la pobreza en sus representantes y administradores.
A la vez, prevenir que los líderes que gozan del afecto y de la simpatía de porciones importantes del electorado puedan valerse de ese vínculo, como en las relaciones amorosas tóxicas, no para representar sus intereses y valores, sino para asegurarse la impunidad propia y de sus séquitos, mediante el acceso a cargos públicos electivos.
La materia prima
Ahora bien, ¿cuál es la materia prima de la cual se abastece la institución de ficha limpia?
La materia prima se conforma con las sentencias condenatorias emanadas, en el caso de Córdoba, de tribunales de Justicia penal, de las cámaras del Crimen y del Tribunal Superior de Justicia.
Es importante destacar que, si tenemos en cuenta que en nuestra provincia rige el sistema acusatorio, lo que significa que el impulso de la acción penal pública está en cabeza de los fiscales de instrucción, sin el aval de un fiscal ningún político poderoso podrá ser siquiera llevado a juicio cuando haya cometido un delito.
Precisamente, la calidad institucional de un régimen político determinado depende de la posibilidad cierta de juzgar a los individuos más poderosos del sistema. Lo que siempre empieza por los miembros del Gobierno, que son quienes planifican, diseñan y aplican las leyes. Un Estado de derecho significa sujetar a gobernantes y a gobernados al imperio de la Constitución y de las leyes.
Sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas décadas en la provincia de Córdoba, en especial mediante la instalación del mal llamado “fuero Anticorrupción”, a cargo de dos fiscales y de un juez vinculados al peronismo, es que todas las denuncias que involucraron a funcionarios públicos de peso fueron desestimadas o archivadas, con lo cual nunca siquiera fueron investigadas.
Camino del Cuadrado, hotel de Ansenuza, Kolektor son algunos de esos ejemplos. Esta presunta trama de encubrimiento del delito fue denunciada por los exlegisladores provinciales Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero. Todos hechos resonantes de posible corrupción que quedaron en la nada. Nunca llegaron a juicio.
En efecto, el único gobernante que fue preso efectivamente por una denuncia de corrupción fue un exmiembro de la Ucedé, aliado al peronismo: Germán Kammerath.
Si estas actuaciones nunca llegaron a juicio, mucho menos han obtenido sentencias condenatorias. En consecuencia, sería imposible descalificar de la contienda electoral, por haber probado judicialmente la comisión de delitos, a ningún miembro de la casta gobernante en Córdoba desde 1999.
El orden de los factores
Por ese motivo, cuando nosotros diseñamos el plan de transparencia, institucionalidad e integridad pública de la campaña del año pasado de Juntos por el Cambio, con Luis Juez como candidato a gobernador, previmos que primero había que eliminar el fuero Anticorrupción, para recién ahí, en un segundo paso, aprobar ficha limpia.
Eliminar el fuero Anticorrupción significa ampliar de dos a 25 los fiscales de Córdoba capital que quedarán habilitados para perseguir la corrupción.
El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto.
Por eso llama la atención que el actual gobernador ahora quiera promulgar la norma, siendo que cuando era intendente de la Capital jamás quiso aprobar ficha limpia en la ciudad de Córdoba. De hecho, tampoco la impulsa su sucesor en el cargo.
Córdoba tiene la posibilidad de sumarse a las seis provincias que ya tienen esta norma. Eso es positivo. No obstante, para que sea real y no un mero espejismo, debe sanear primero su Poder Judicial para que este sea independiente del poder político, y así tener vigencia efectiva.
* Legislador de Córdoba, bloque Mejor Futuro, interbloque Juntos por el Cambio
