Los gobernadores de las 24 provincias argentinas resolvieron instar al Gobierno nacional a abrir el diálogo para discutir un nuevo consenso fiscal. Se trata de la primera expresión unánime de los mandatarios provinciales en ese sentido desde el comienzo de la actual gestión nacional. Según manifestaron, su voluntad política es la de retomar el clima de concertación iniciado con el acuerdo conocido como “Pacto de Mayo”, firmado el 9 de julio de 2024 en San Miguel de Tucumán.
La iniciativa de los gobernadores tiene como antecedente inmediato la preocupación hecha pública por distintas administraciones provinciales por la caída de fondos coparticipables, por la lenta reactivación económica que disminuye la recaudación propia y por el deterioro de la infraestructura, derivado de la falta de financiamiento de la obra pública.
El planteo de las provincias se orienta a reconducir el debate público en torno del federalismo fiscal, que es constitutivo de nuestra organización nacional y que apunta a lograr un objetivo central y legítimo: que todo habitante del suelo argentino, donde quiera que viva en el vasto territorio nacional, pueda tener acceso a una provisión equitativa de los bienes y servicios de carácter público.
Esta condición fundante de nuestra estructura institucional requiere organizar la asignación de las funciones públicas de manera acordada entre Nación y provincias.
La Constitución Nacional define las potestades tributarias en cada nivel. Reserva para la Nación la percepción de derechos aduaneros. Establece facultades concurrentes entre Nación y provincias para los impuestos indirectos. Atribuye a las provincias la recaudación de gravámenes directos que sólo por vía de excepción puede imponer la Nación.
En la práctica, la potencia recaudatoria de la Nación se impuso por sobre los equilibrios teóricos que plantea el esquema normativo del federalismo fiscal. La provincia de Córdoba se encuentra particularmente afectada por el cobro de retenciones a exportaciones que son el motor más dinámico de la economía local y proyecta un aporte sustancial y considerable al nivel de actividad general de la economía argentina.
Además, pese a los resguardos constitucionales, los impuestos directos e indirectos más relevantes son aquellos que legisla y cobra la Nación: el Impuesto a las Ganancias, entre los directos; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre los segundos.
La más reciente reforma de la Constitución Nacional dispuso que el Congreso de la Nación, mediante una ley acuerdo, estableciera los criterios de distribución de esos recursos. Ese mandato está incumplido. Esa falencia ha sido cubierta de manera apenas aproximada por acuerdos o consensos fiscales temporales suscriptos por la Nación y las provincias.
La expresión de los gobernadores en reclamo de la apertura de un diálogo racional pero inmediato para la actualización del último consenso vigente no puede ni debe ser desoída por la administración nacional.
Toda política sensatamente orientada a la consecución de un marco de estabilidad económica superador de la grave crisis inflacionaria que ha sufrido el país es necesaria.
Pero esa política será inestable desde su origen si no contempla los equilibrios del federalismo fiscal que la Constitución Nacional ordena, porque el desarrollo armónico de nuestra organización social los requiere.
