Un nuevo escándalo estalló en la política argentina, aunque, en realidad, repite viejos vicios de los gobiernos de turno, que debieron haber sido corregidos al cabo de 40 años de democracia.
La Justicia logró establecer que un exagente de la Policía Federal actuaba como personal inorgánico de los servicios de inteligencia, es decir, que no estaba registrado oficialmente para esas actividades.
El sujeto realizó casi 1.200 informes ilícitos sobre la vida y actividades de funcionarios, políticos, jueces y periodistas, entre otras personalidades.
La gravedad de las diligencias cumplidas por este expolicía es que tales tareas fueron comunicadas al diputado nacional Rodolfo Tailhade y al funcionario de la Afip Fabián Rodríguez, quienes militan en el kirchnerismo.
Se desconoce, aunque se presume como válido, que tales informes fueron usados para extorsionar a los investigados, o bien para realizar denuncias que desacreditan, principalmente, las tareas de jueces y opositores.
Lo que es más grave es que tales papeles habrían sido usados en las acusaciones sin fundamentos ni pruebas válidas en el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que dirige el legislador bajo sospecha.
La comisión parlamentaria, que debía analizar la conducta delictual del diputado ultrakirchnerista, levantó la sesión del último martes para evitar un escándalo mayor por esos hechos, que afectan al candidato oficialista Sergio Massa.
El presidente Alberto Fernández había prometido desterrar esas prácticas al asumir el 10 de diciembre de 2019. “¡Nunca más a los sótanos de la democracia; nunca más es nunca más!”, proclamó en esa Asamblea Legislativa.
El tiempo transcurrió y las acciones ilegales de los servicios de inteligencia se mantuvieron.
Es una mancha más en la desacreditada gestión de Alberto Fernández, quien acumula los peores índices de desaprobación en las cuatro décadas de democracia.
Lo que se presume como habitual en nuestro país no es más que una violación de los derechos humanos, de los cuales se ufana de respetar el kirchnerismo, a partir de las admoniciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La expresidenta denunció en numerosas ocasiones la intromisión de los servicios de inteligencia en sus tareas. Sin embargo, en un allanamiento realizado en su vivienda en Santa Cruz, se obtuvieron informes de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) sobre empresarios y magistrados.
La condena social a los involucrados en esta nueva afrenta a la democracia, a la que debería añadirse la pena judicial, no puede obviar que las acciones de inteligencia ilegal se usaron, básicamente, para promover el juicio a los integrantes de la Corte Suprema.
También se utilizaron para entorpecer y desorientar la investigación por el asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte irresoluta lleva ya casi ocho años.
Los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei deben fijar con claridad su posición sobre este escarnio y deben comprometerse a encauzar la actividad de los servicios de inteligencia.
Esta deberá atenerse a la que le fijan las leyes, las cuales nunca podrá vulnerar los derechos constitucionales de los argentinos, sean estos jueces, políticos o simples ciudadanos.
