Aún estamos procesando al balance de pérdidas irreparables que nos ha dejado la pandemia y al mismo tiempo asomándonos a la danza macabra de crecimiento geométrico de contagios por la expansión de la variante Ómicron. Casi podría decirse que las matemáticas no nos son propicias y que tenemos claros problemas de aprendizaje. La siniestralidad vial es probablemente el peor de nuestros fracasos en materia de cifras estadísticas, que en este caso se traducen en víctimas mortales.
Como si nada hubiera ocurrido en estos últimos dos años, los conductores argentinos en general y los cordobeses en particular hemos vuelto a las malos hábitos a la hora de salir con nuestros vehículos a las calles y a las rutas del país, lo que resulta evidente si se tiene en cuenta que en números de siniestros mortales hemos alcanzado en 2021 números similares a los que se registraban antes de la pandemia. Los últimos 12 meses dejaron un saldo de 326 muertos en la provincia, de acuerdo con el relevamiento propio que realizamos todos los meses desde 2007.
La cifra creciente de siniestros viales acaecidos por negligencia, imprudencia, irresponsabilidad, desidia y conductas antisociales, todo eso unido a controles laxos y a una Justicia siempre lenta y tardía, cuando no decididamente indiferente, corrobora a diario que los problemas son profundos y tienen que ver con la escasa capacidad de autorregulación individual que exhibimos los argentinos. La incidencia de ese factor en los siniestros viales ya había sido señalada por el sociólogo Norbert Elías en un estudio clásico hace más de 50 años.
La ignorancia de las reglas de tránsito tanto como del derecho ajeno, la aterradora abundancia de actitudes sociopáticas al volante, el alcohol, los estupefacientes y un clima de violencia urbana espiralizada constituyen la fórmula perfecta para la tragedia vial que estamos viviendo, a lo cual se suma una red vial obsoleta en zonas de la provincia y un Estado casi ausente a la hora de concientizar y controlar.
Están quienes nunca debieron acceder a una licencia de conductor, pero la obtuvieron en municipios a los que sólo les importa lucrar emitiendo un plástico; hay municipios de personal supernumerario que apenas logran poner en las calles una ínfima porción de los inspectores de tránsito necesarios; tribunales de falta atentos sólo a recaudar a costa de infractores sistemáticos, y finalmente, el descontrol propio de un tejido social desgarrado. Este último es el punto por destacar: lo que hacemos en la calle es la consecuencia de lo que estamos haciendo como sociedad.
El ingrediente primordial, sin embargo, sigue siendo la Justicia, empeñada en tratar como culposo lo que muchas veces es doloso, y que sólo reacciona cuando vecinos y deudos se movilizan. Una Justicia que sigue sin atender el agravante que implica el abandono de personas o la fuga de los causantes, y que vacila ante la aplicación del dolo eventual, que resuelve un homicidio recién cuatro años después y deja a los familiares de la víctima con plena sensación de injusticia.
