En sus primeras semanas de gestión, el Gobierno nacional redujo casi por completo las transferencias discrecionales a las provincias. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sostiene que en enero de 2024 las provincias recibieron un 98% menos de dinero que en enero de 2023, lo que implica “una virtual desaparición de fondos”.
Los aportes discrecionales a las provincias, históricamente encuadrados como “aportes del Tesoro Nacional”, no están ligados a la coparticipación federal. Son dineros que el gobierno nacional de turno entrega a provincias políticamente afines.
En 2023, representaron casi $ 2 billones, y las provincias más beneficiadas fueron Buenos Aires, La Rioja, Chaco y Santa Cruz. Por ejemplo, en el último tramo de su gestión, Alberto Fernández le aportaba a Buenos Aires unos $ 20 mil millones mensuales. Por el contrario, provincias opositoras como Jujuy y Mendoza no recibieron estas partidas durante 10 meses, y Córdoba y Corrientes no registraron una sola transferencia de estas características durante todo el año pasado.
El replanteo de la situación por parte del presidente Javier Milei podría asociarse con la consigna que marcó su asunción: “No hay plata”. Recordemos que casi la mitad del ajuste que el Gobierno se ha impuesto para alcanzar el equilibrio fiscal depende de una importante reducción del gasto.
En ese contexto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) especifica que el objetivo de cerrar 2024 con un superávit primario de 2% del producto interno bruto se conseguirá con “una combinación de impuestos temporales y esfuerzos para reducir los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a provincias y a empresas estatales, y el gasto en infraestructura”.
De ser así, la restricción debiera mantenerse en el tiempo y alcanzar el 100% de las partidas implicadas. Entonces, la prudencia fiscal produciría un efecto secundario altamente positivo: todo gobierno discrecional, como hemos dicho en otras oportunidades, resulta faccioso en su accionar y hasta adquiere tintes maquiavélicos frente a sus adversarios.
Sin embargo, en medio de las negociaciones políticas para facilitar la tramitación parlamentaria de la “ley ómnibus”, tanto Milei como varios funcionarios del Gobierno amenazaron a los gobernadores: si no apoyan el proyecto del oficialismo, han dicho, se les complicarían las cuentas de sus distritos porque el ajuste se haría recortándoles partidas.
En consecuencia, podríamos estar frente a un mero congelamiento de los fondos discrecionales como parte de una estrategia de disciplinamiento a los gobiernos provinciales. En ese caso, no estaríamos en el comienzo de un camino virtuoso, sino, por el contrario, frente a una exacerbación del defecto.
Semejante ambigüedad no condice con la necesidad de construir gobernabilidad. Milei no cuenta con apoyos propios en los gobiernos provinciales y está en franca minoría en el Poder Legislativo. Aún puede negociar un programa de reformas con una oposición dialoguista lo suficientemente amplia como para incluir a sectores peronistas no kirchneristas, e incluso a un peronismo que apoyó marginalmente al kirchnerismo.
Si elige no hacerlo y menospreciar a esos otros actores de la escena política e institucional del país, sobrevendrá el conflicto, y él será el principal perjudicado.
