Desde que el Fondo Monetario Internacional acordó con el Gobierno argentino un refuerzo sustancial de su asistencia financiera, y el incremento de las reservas del Banco Central permitió una flexibilización del cepo cambiario, el discurso presidencial se ha recargado con expresiones hostiles.
La celebración de la prueba superada en primera instancia en los mercados financieros parece haber habilitado la transgresión de nuevos límites en la narrativa oficial. Del elogio a sus propias habilidades para administrar la crisis económica, pasó a la agresión sistemática hacia toda persona o institución que exprese opiniones que él considera distantes de su gestión.
La acritud en el discurso se extiende. Son objeto de la infatuación oficial economistas que difieren –aunque sea en algún matiz– con la palabra presidencial; dirigentes que disienten de su ideología; representantes sindicales que asoman para intentar alguna reivindicación; periodistas que en ejercicio de su condición pretenden mantener una distancia crítica; ciudadanos en general que plantean algún prurito republicano por acciones que puedan vulnerar la Constitución Nacional.
Durante un tiempo considerable, la sociedad argentina ha venido debatiendo la tensión evidente entre la forma y el fondo de la acción presidencial; entre los hechos de gobierno y los modos de su expresión oficial.
Desde el comienzo de la actual gestión, la opinión pública discurrió entre dos miradas opuestas: la de quienes sostienen que el cuidado de las formas en el discurso presidencial es una cuestión menor, que debe ceder ante el imperio de los hechos necesarios para gestionar la emergencia, y la mirada de quienes advierten que, en una república respetuosa de la convivencia democrática, el cuidado de las formas es una cuestión de fondo.
El presidente Javier Milei sostiene que someterse a la exigencia de las formas es levantar bandera blanca contra un enemigo inclemente. Tal afirmación es consecuente con la concepción de todos los movimientos políticos con simpatías populistas, que aduciendo la representación mayoritaria han predicado en la historia la necesidad de dividir el cuerpo social entre amigos y enemigos.
Esa definición del Presidente y la praxis política de aspereza creciente que este ha desatado desde el acuerdo con el FMI representan una novedad riesgosa para la convivencia democrática: del debate entre la prevalencia o la inherencia entre las formas y el fondo, se ha pasado a la evidencia de la agresión como herramienta constitutiva del discurso oficial. Ya no es una simple cuestión de modales: es la agresión como opción estratégica.
El Gobierno nacional intenta disminuir la gravedad de esa opción atribuyendo su ejecución al núcleo performático de sus seguidores más leales. Pero el impulso que imprime el lenguaje presidencial es tan evidente que transforma la explicación oficial en mera excusa. El Presidente comenzó a hablar de un “odio insuficiente” de la sociedad contra quienes lo critican.
Es un nuevo giro en la enunciación política –tan riesgoso como inadmisible– y de ningún modo puede justificarse con la coartada infantil de que no existe asimetría entre quien ejerce el poder y quienes habitan el llano.
