En la última semana, la violencia mapuche en la Patagonia cordillerana escaló hasta un punto crítico. En Villa Mascardi, pocos kilómetros al sur de Bariloche, no sólo fueron atacadas, una vez más, propiedades particulares, sino también un puesto de Gendarmería.
En los últimos años, el Estado inició causas judiciales contra organizaciones mapuches por usurpación de terrenos del Ejército y de Parques Nacionales, mientras buscaba acuerdos en mesas de diálogo. Esa alternativa parece tornarse abstracta cuando la contraparte enfrenta y pone en fuga a las fuerzas de seguridad.
Un grupo de encapuchados armados atacó e incendió una casilla de Gendarmería que custodiaba Los Radales, propiedad que fue incendiada en julio de este año y que ahora fue usurpada, luego de que los gendarmes huyeran.
El puesto de Gendarmería fue convertido en una barricada para bloquear el ingreso y proteger la posición. Luego, desde Los Radales, ingresaron a La Cristalina, la cabaña vecina, que ya había sido incendiada y destruida en agosto de 2020, en medio del aislamiento por la pandemia. En este caso, para bloquear el acceso alteraron el curso de un arroyo.
Estas dos propiedades colindan con un terreno que supo ser de Gas del Estado, el que ocuparon previamente y donde también destruyeron unas cabañas. De esta forma, extendieron lo que denominan el “territorio mapuche recuperado”.
Villa Mascardi se encuentra bajo jurisdicción de Parques Nacionales, que también sufrió usurpaciones. El Sindicato de Guardaparques advirtió que se trata de una “zona liberada” y se quejó de la “inacción” judicial y la ausencia de fuerzas federales de seguridad.
Es el mismo reclamo que formuló hace por lo menos un año el Gobierno de Río Negro, al entender que en la región hay indicios de terrorismo, porque un grupo ”intenta socavar el orden constitucional” con violencia y ataca “la integridad de las personas y sus bienes”. Por entonces, se tramitaban en la Justicia más de 40 denuncias por hechos violentos.
La Policía rionegrina detectó la presencia de personas de otras provincias en las tomas de Mascardi. Los vecinos coinciden: hay camionetas que entran y salen con gente, apoyo logístico y organización; y por las noches, para amedrentar a los pocos residentes que aún quedan, es común escuchar disparos y bombas de estruendo, o que los techos de las casas son apedreados.
La propuesta del Gobierno nacional se limita a instalar en la zona un comando conjunto con miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), ya que habría acordado con el Gobierno provincial que no habrá desalojos sin resolución judicial. Pero los vecinos sostienen que ya cuentan con varias órdenes de desalojo emitidas por la Justicia rionegrina y que la gobernadora no quiere ejecutarlas.
Ante el reciente atentado contra Cristina Fernández, el kirchnerismo reclamó el repudio absoluto de una violencia a la que no dudó en calificar como “política”. ¿La violencia en Villa Mascardi y otras localidades patagónicas no merece esa tipificación y, en consecuencia, una respuesta acorde por parte del Estado?
