La sociedad política argentina ha logrado superarse, en el sentido de que ya no parece sentir pudor alguno por mostrar sus intimidades a la vista de todos. Con una rara e infrecuente sinceridad, las chicanas, las mezquindades y las maniobras indecentes se pasean magnificadas por una construcción mediática que los lleva a celebrar su vocación por el fracaso en los estudios televisivos, en un país donde ya nada escapa a las reglas de los reality shows.
Todo esto se ha corroborado en estos días, cuando el fallido democrático alcanzó su punto máximo en la colisión de dos poderes, el Legislativo y el Judicial, a raíz de la disputa por las sillas del Consejo de la Magistratura, un órgano tan incompetente como otros tantos, pero que hoy es epicentro de una puja que involucra los intereses personalísimos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para quien el control de los jueces se ha tornado una cuestión de vida o muerte, en términos políticos.
Producida la división artificial del bloque mayoritario del oficialismo en el Senado a efectos de crear una nueva minoría para arrebatar una silla a la oposición, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que quiso poner las cosas en orden dio volumen a un conflicto de poderes de pronóstico dudoso.
Como si de jugadores empedernidos se tratara, los protagonistas redoblaron la apuesta, unos ratificando a Luis Juez como el titular de la silla en disputa y los otros procediendo a insistir en el nombre de Martín Doñate, protagonista este último de un manoseo constitucional que no parece avergonzarlo: es que todo vale cuando el quebrantamiento de las reglas se convierte en un deporte nacional.
Sin embargo, este dislate republicano se produce a espaldas de una sociedad que no entiende lo que allí sucede y a la que poco le importan estos devaneos, entregada como está a un ejercicio de supervivencia que no le deja tiempo para temas menores, tales como la constitución del Consejo de la Magistratura, algo que sabiamente entienden que no habrá de significar mucho en sus vidas. Y no se equivocan.
Las batallas de los dirigentes es una guerra librada entre oportunistas, que revela la indiferencia de quienes lograron insertarse en esa rentable actividad improductiva que es la política.
Ajenos a todo, quienes deben debatir en el Congreso los grandes temas nacionales hacen política marquetinera desde los estudios televisivos, mientras la sistemática decadencia nacional va terminando con las instituciones, la moneda y la credibilidad democrática.
En ese contexto, la Constitución deviene en un manual de buenas intenciones cada vez menos parecida a una carta magna. Lo paradójico de la cuestión es que todo este sainete republicano se libra en torno de un organismo como el Consejo de la Magistratura, que ya demostró largamente lo poco que tiene que sumar a la salud institucional.
