Las 24 jurisdicciones que dan forma al mapa federal de la Argentina están preocupadas por sus ingresos, lo que afecta el funcionamiento de las provincias y de las intendencias, las cuales reciben una parte de la coparticipación de impuestos.
La actividad económica viene en retroceso desde los últimos meses de 2023, por la incertidumbre que generaron la elección presidencial y el arranque del nuevo gobierno.
Salvo el sector exportador, que tuvo en febrero un superávit comercial récord para ese mes de casi 1.500 millones de dólares, el resto de la actividad se desenvuelve con números negativos.
Esta baja en la producción y en el comercio provoca una caída en los ingresos tributarios del Estado en sus diferentes niveles.
A ello se suma que las transferencias nacionales a las provincias tuvieron una caída real interanual de 29% en la primera quincena de este mes, según informes privados.
Las provincias observan serias complicaciones en sus gestiones al tener que asumir algunos distritos, –Córdoba entre ellos– el componente del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) en los salarios, que la Nación dejó de enviar.
También el interior debe hacerse cargo del costo de subsidiar el transporte urbano e interurbano de pasajeros.
El desafío es aún mayor para las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus cajas de jubilación al ámbito nacional. La administración central suspendió en lo que va del año el giro de los aportes con esa finalidad.
Es cierto, por otra parte, que numerosas jurisdicciones aún no tomaron nota del cambio de paradigma en la gestión del Gobierno nacional, que no emite pesos para financiar el déficit en las cuentas públicas.
En muchas zonas del interior el gasto se mantiene en niveles equivalentes a los del año pasado y, salvo excepciones, no hubo intentos de corregir el desorden que se observa en tales administraciones en cuanto al número de empleados, exceso de burocracia y superposición de funciones con otros organismos.
El caso paradigmático es el de la provincia de Buenos Aires, que ante el recorte en las remesas nacionales dispuso un fuerte aumento en los impuestos patrimoniales, en especial los que deben abonar los establecimientos rurales.
Además, exigió a las empresas de mayor facturación el pago adelantado de los impuestos que deben afrontar en el año.
Por contrapartida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, exhibió lo que calificó “un despilfarro de fondos” en una decena de inverosímiles programas bonaerenses, saturados de empleados públicos y sueldos onerosos.
El desafío de la hora actual es que todos los estamentos públicos, sean estos nacionales, provinciales o municipales, alcancen una sustentabilidad en cuanto a ingresos y egresos, al menos en las áreas que no están obligadas a atender la vulnerabilidad social.
No es hora de derroches ni de programas inexplicables.
Como correlato, es imprescindible que la Nación y las 24 jurisdicciones federales alcancen acuerdos sobre el reparto de la carga tributaria, la utilización de los recursos y las funciones de cada sector público.
Las decisiones arbitrarias no permitirán construir un país federal, con equilibrio social e inclusión de sus habitantes.
