El inminente tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso nacional marca un punto de inflexión en la agenda legislativa del país.
El proyecto oficialista, que ha logrado consensos políticos para establecer la edad de imputabilidad en los 14 años, propone un esquema de penas de hasta 15 años de privación de la libertad para delitos graves, como el homicidio, el abuso sexual o el secuestro.
Si bien la iniciativa busca alinear al país con la legislación vigente en la región, el debate debe trascender la urgencia política para enfocarse en la complejidad de un problema social persistente, como son tanto la vulnerabilidad como la delincuencia infantil.
La realidad en el territorio aporta matices que no pueden ignorarse. Los recientes datos de Córdoba de 2025 revelan que sólo el 4% de los aprehendidos por la Policía fueron menores de 16 años.
De un total de 103 jóvenes en conflicto con la ley, apenas 27 casos –un ínfimo 0,02% de la población provincial de esa franja etaria– requirieron ser derivados al dispositivo especial de encierro por la gravedad de sus actos.
Es relevante notar que la mayoría de estos jóvenes permaneció menos de un mes bajo este régimen, lo que subraya la necesidad de intervenciones precisas y no sólo punitivas. Estos números sugieren que, aunque la participación de menores en crímenes violentos genera conmoción social, la incidencia estadística es muy limitada.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con La Voz en Vivo, expresó una postura mesuradamente crítica.
Aunque reconoce que sancionar una ley acorde con la Constitución es una “deuda de la democracia”, advierte que la propuesta oficial carece de “cuestiones empíricas que la justifiquen” y podría resultar regresiva al aplicar a niños un régimen diseñado para adultos.
Gil Domínguez subraya que el norte de cualquier reforma debería ser la reinserción y el respeto a los derechos del niño, evitando repetir lógicas propias de normativas sancionadas durante la última dictadura.
Otro desafío central es la infraestructura. El proyecto prohíbe la convivencia de menores con adultos y exige la creación de centros especializados con personal capacitado en infancia y adicciones.
No obstante, esto ha generado tensiones con los gobernadores por la falta de partidas presupuestarias claras para financiar tales instalaciones. Como señala Gil Domínguez, la puesta en marcha de este esquema demandará una erogación significativa en un contexto de recursos escasos.
Para que esta reforma sea efectiva, el Congreso debe priorizar el espíritu restaurativo, potenciando herramientas como la mediación penal, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño.
En ese sentido el encierro debe ser, como indica la experiencia cordobesa, el último recurso excepcionalísimo.
Sólo un debate profundo, que integre la responsabilidad parental sin descuidar la especificidad de la niñez, permitirá construir un sistema que no sólo castigue, sino que logre recuperar y contener a los jóvenes vulnerables.
