La violencia ejercida en el ámbito laboral, tanto de gestión pública como privada, suele estallar en escándalo cuando aparece involucrada una figura de cierta fama; sobre todo aquellas ligadas al mundo del espectáculo y la televisión.
Algo de esto viene sucediendo desde hace meses, a raíz de las denuncias presentadas por mujeres que declaran haber sido víctimas de abusos sexuales y laborales por sujetos de amplia difusión mediática.
Desde el ámbito de la política, en tanto, un diputado de la provincia de Jujuy quedó en medio de otro escándalo luego de que fuera acusado por una de sus empleadas por los mismos motivos.
Queda como elemento para la reflexión que en la mayoría de los casos de maltrato laboral las damnificadas son mujeres y que hay muchos más episodios de estas características que no son visibilizados o llevados a la Justicia por temor a perder el empleo.
Ahora bien: fuera del exclusivo lustre de la fama, se trata de un fenómeno que se extiende a las más variadas disciplinas del trabajo, en función de sistemas que ponen a los dependientes en una posición de inferioridad frente a sus superiores.
Allí fungen como botón de muestra los hombres y mujeres (en general de bajos recursos económicos) que son explotados sin límites y por remuneraciones ruinosas en los talleres clandestinos de producción textil. Verdaderas cuevas donde las autoridades laborales y la Justicia suelen brillar por su ausencia.
Un informe periodístico que publicamos días atrás refiere a una encuesta de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. La conclusión es desalentadora: seis de cada 10 trabajadores admitieron haber experimentado alguna vez situaciones de violencia en su ámbito de trabajo.
De un universo de 8.000 encuestados, el 65 por ciento son mujeres, lo que ratifica el mayor grado de vulnerabilidad de este sector, de constante inclusión en el campo laboral.
La encuesta deja al descubierto una contradicción entre lo que se promueve y lo que en concreto hacen los organismos de control de competencia nacional, como de las provincias y los municipios.
Sucede que los resultados del estudio (que incluye numerosas variables) se divulgaron recientemente, a un año de que Argentina rubricara la ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso de distinto paño en el sistema laboral.
Como bien razona en el informe periodístico el abogado César Arese, especialista en esta temática, “la conciencia social ya no permite la violencia, el maltrato, el acoso o cualquier afrenta contra la dignidad humana en cualquier ámbito, entre ellos el del trabajo”. En ese aspecto, pondera como clave el rol de los movimientos feministas.
También será determinante la lucha que lleven adelante las organizaciones gremiales, como por caso un colectivo de mujeres del sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba.
En resumen, un desafío colectivo en aras de revertir conductas contrarias a los derechos de los trabajadores.
