Nunca debe sorprender en una sociedad democrática que en la arena parlamentaria se dramatice el conflicto político. Las asambleas legislativas son espacios institucionales donde la oposición y el gobierno de turno escenifican sus diferencias para orientar las preferencias de la opinión pública.
La reciente apertura de sesiones de la Legislatura provincial no fue ajena a esa función simbólica. En el contenido y el tono de las intervenciones, puede auscultarse el estado del debate público.
En ese sentido, la profusión de énfasis puestos en escena por los protagonistas no debe confundirse con la existencia de un debate robusto. Una asamblea legislativa para la inauguración del período de sesiones tiene, además, un componente distintivo: participan no sólo los integrantes de todos los partidos con representación parlamentaria, sino también la autoridad en ejercicio del poder administrador.
Por mandato constitucional, la Legislatura abre sus sesiones ordinarias e invita al Poder Ejecutivo para que concurra a dar cuenta del estado de la administración. Por la repercusión institucional del acto, también son invitados los representantes provinciales en el Congreso de la Nación, así como referentes de los partidos políticos y de organizaciones relevantes de la sociedad civil.
Las expresiones vertidas en ese contexto intentaron representar una vitalidad del debate público fundada en la contundencia de las afirmaciones. Es una condición necesaria que esa firmeza se funde en convicciones no sólo legítimas sino también consistentes, con el objetivo final del consenso para un avance eficiente de la gestión pública. Cuando la interpelación al adversario político se reduce a la búsqueda de efectos persuasivos de corto plazo, la calidad de la argumentación se debilita.
Más severa es otra acechanza que se cierne sobre el debate público si la crítica del gobierno a sus opositores, o de estos hacia aquel, involucra menciones graves referidas al incumplimiento de la ley o la incursión en conductas delictivas. Acusaciones como la de corrupción administrativa o la funcionalidad con los intereses del narcotráfico no son admisibles cuando se lanzan como generalizaciones desprovistas de rigor normativo y consistencia fáctica. Ese tipo de énfasis no construye un debate público robusto: lo degrada.
El efecto de esas incursiones retóricas derrama hacia el conjunto de la sociedad una acidez innecesaria, que contribuye a corroer la convivencia. No es de recibo argüir que ese tipo de imputaciones es consecuencia o reflejo de las acciones que otros actores de la política han emprendido para instalar su discurso en la arena pública.
Tampoco puede justificarse la agresión discursiva como si se tratase de una mera adaptación a un presunto clima de época. En todos los tiempos hubo políticos responsables y otros propensos al exabrupto.
La construcción de una sociedad democrática no ganará nunca con igualar para abajo, equiparando en lo peor a unos y a otros. La opinión pública merece que sus representantes eleven el debate sin confundir la discusión robusta con el destrato y la mera agresión.
