La muestra Expoagro 2024, en cercanías de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, exhibe el crecimiento y el desarrollo tecnológico del sector más dinámico de la economía argentina.
Sólo basta repasar algunos números para comprender este fenómeno: la concurrencia fue estimada en unas 100 mil personas, y más de 600 expositores dijeron presente, entre los que se sumaron 130 empresas que debutaron en el predio ferial, que se amplió en más de ocho mil metros cuadrados.
A esa concurrencia y exposición se añadieron las principales compañías de insumos y productos agroindustriales, así como la presencia –en el sector de tecnología– de 30 startups, desarrolladores, emprendedores y delegaciones de las universidades.
El campo avizora que con el actual gobierno nacional existen firmes posibilidades de expansión, de desarrollo de productos y de aplicación de nuevas tecnologías que mejorarán los rindes y la competitividad industrial a nivel global.
En forma paralela, existe un debate no saldado sobre qué tipos de impuestos deben gravar la producción agropecuaria y la de la agroindustria.
Los gobernadores de las provincias con más expansión de esta actividad –Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires– abogan por una baja en los derechos de exportación, comúnmente llamados “retenciones”.
Esos tributos se aplican a las exportaciones de productos primarios y de las economías regionales, una carga que prácticamente no existe para las explotaciones de los grandes productores mundiales. La retención también alcanza a varios bienes industriales del sector.
Una alternativa es transformar esa carga como un impuesto a cuenta de Ganancias o de tributos patrimoniales, pero la iniciativa no prosperó, en especial por la resistencia de los gobiernos kirchneristas a reducir el monto de esos ingresos.
El presidente Javier Milei, que ayer recorrió la muestra, propone que la rediscusión de la llamada “ley ómnibus” incluya un aumento de las retenciones a los granos y a ciertos productos regionales, con la promesa de reducirlas en el futuro, una vez alcanzada la estabilidad macroeconómica.
Ese acuerdo, previo a la firma del llamado “pacto de mayo”, debería dar señales contundentes para favorecer el crecimiento de la actividad, la transparencia en numerosas operaciones del sector y el registro de los empleados que se desempeñan en el sector rural.
En forma paralela, con la reducción de los impuestos nacionales, debe existir el compromiso explícito de los gobernadores de bajar de manera gradual los que afectan el crecimiento del sector.
Esa actitud debe ser convalidada por los municipios rurales, los cuales crean tributos inverosímiles para sostener las cuentas públicas, en muchos casos desbordadas por gastos injustificables, como la contratación millonaria de espectáculos públicos de dudosa relación costo-beneficio.
El campo, al contrario de lo que señalan los detractores de la actividad, no sólo genera divisas imprescindibles en la actual coyuntura, sino que –como lo evidencia Expoagro 2024– contribuye al crecimiento de sectores vinculados con la agroquímica, de los laboratorios industriales y de tecnología, entre otros rubros.
Este desempeño merece una mirada nueva por parte de las autoridades de distintos niveles, para la necesaria expansión de la economía.
