El presidente Javier Milei anunció que creará un cuerpo especial denominado “Consejo de la Libertad”, para auditar los gastos de las provincias y de los municipios, el cual actuará bajo la órbita de la Fundación Faro, una organización que defiende las políticas del Gobierno nacional.
La decisión se enmarca en el conflicto que el Poder Ejecutivo mantiene con las 24 jurisdicciones del país por el reparto de las partidas no utilizadas de los fondos fiduciarios que se constituyen por el Impuesto a los Combustibles y por aportes del Tesoro nacional (ATN) no distribuidos.
Las provincias expresan un reclamo legal, inspirado en las normas que se sancionaron con anterioridad al arribo de Milei a la Casa Rosada
Las diversas razones esgrimidas por el Gobierno central como argumentos para evitar el reparto de tales fondos carecen, entonces, de fundamento jurídico.
La administración nacional usa esos recursos para ampliar el superávit fiscal, que de otro modo no tendría tal magnitud.
Milei sostiene que redujo el gasto público total del 21% al 16% del producto interno bruto (PIB), mientras que ese esfuerzo no se correspondió en los estados subnacionales ni en los municipios.
Para las autoridades nacionales, las provincias mantuvieron el gasto público en el 14% del PIB y los municipios, en el 5%.
En realidad, hay administraciones que sostuvieron sus gastos recurriendo a un aumento de la presión impositiva sobre el sector privado, mientras que en otras jurisdicciones hubo un leve alivio en la carga tributaria.
El reclamo de las provincias es legítimo y exige extremar los esfuerzos por hallar soluciones consensuadas que permitan sostener el superávit fiscal mediante una reasignación de recursos y gastos, antes que sólo presionar para convalidar el veto presidencial a leyes aprobadas por el Congreso.
La responsabilidad de provincias y de municipios es eliminar gastos innecesarios y acotar estructuras burocráticas, para trasladar fondos al desarrollo económico y social de sus regiones.
Sin embargo, en no pocos casos tales jurisdicciones incrementaron la presión impositiva con porcentajes más altos o mediante la creación de nuevas tasas y tributos.
La carga tributaria es tal que las encuestas revelan el poco interés de muchas empresas por contratar nuevos empleados, debido a las cargas previsionales y a los eventuales juicios laborales.
La informalidad afecta a más de cuatro de cada 10 trabajadores, con el consiguiente impacto negativo en lo social y en la atención de la salud.
La obstinación gremial por mantener la vigencia de convenios que tienen más de 50 o 60 años afecta la estabilidad de pequeñas y medianas empresas en todo el país.
La delicada crisis económica y social que aún padece la Argentina requiere un uso prudente de los recursos públicos, así como reducir la presión sobre empresas y familias.
Los desbordes que seguramente existen en muchas administraciones no justifican, sin embargo, la creación de un ente burocrático cuyas funciones y facultades no fueron explicitadas con la claridad necesaria. Esa indefinición se agrava por el hecho de que las auditorías estarán supervisadas por una fundación de obvia filiación ideológica, lo cual no es precisamente una garantía de imparcialidad y eficacia.
