La actualización de los datos sobre la nómina de personal registrado en la Legislatura de Córdoba revela que al primer día de septiembre hay 1.046 asistentes contratados. En mayo pasado había 1.055. Sólo nueve menos, 100 días después.
Casi todo el conjunto de los 70 integrantes de la Unicameral mantuvieron la proporción de cinco contratados por cada legislador. Tenían en total 343 asesores y ahora cuentan con uno menos: 342. También hay uno menos en el grupo de asesores de las comisiones de la Legislatura: el total es de 148 en septiembre. Un promedio de cinco asesores por comisión, aunque en todo agosto sólo se agendaron 15 reuniones; y en julio, la mitad, por el receso invernal.
Si se analiza la cantidad de contratados por bloque político, Hacemos Unidos por Córdoba aumentó dos asesores y tiene ahora 168. La bancada de la Unión Cívica Radical resignó 18; ahora cuenta con 25.
Al observar la composición de la nómina, puede constatarse la incidencia de tres grupos nítidos. El primero es el de exintendentes a los que la eliminación de las normas de reelección indefinida les impidió perpetuarse en sus cargos. La lista de exjefes municipales es extensa y de variada extracción política. Al momento de caducidad de sus contratos, la mayoría obtuvo una renovación contractual.
El segundo grupo es el de exlegisladores devenidos en asesores. Sólo dos de quienes revistaban en la nómina de mayo no aparecen en la de septiembre. Un tercer contingente es el de familiares y allegados de los legisladores actuales. El listado permite detectar la presencia de parejas, hermanos, hijos, sobrinos y parientes políticos.
Aunque en el consolidado total hay sólo una disminución de nueve empleados, la información oficial evidencia, tras ese número, un fuerte recambio interno. Al momento de renovación de los contratos, abandonaron la nómina 103 agentes y entraron 94 empleados nuevos.
Es decir: ante la posibilidad de efectuar un ajuste para racionalizar su nómina sin contingencias legales, cuando caducaban los contratos, la Unicameral decidió mantener el nivel de gasto existente y aplicar una disminución irrelevante.
Esa decisión política del poder institucional que tiene como atributo la imposición de gravámenes provinciales se adoptó pese al contexto general de restricciones presupuestarias imperantes en todo el país y mientras las autoridades provinciales sostienen que, por esas dificultades, el aporte del sector privado debe mantenerse con los niveles actuales de presión fiscal.
La nómina de personal de la Legislatura difundida ahora es una actualización de los datos de carácter público que se conocieron en mayo pasado, 82 días después de un pedido formal presentado por La Voz del Interior en los términos de la Ley provincial 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
La difusión pública de esa información no se produjo en el plazo de 10 días hábiles ordenado por la ley, sino después de un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial.
