En su sitio oficial de internet, Dioxitek SA se presenta como una empresa “dedicada a la producción de dióxido de uranio y otros instrumentos esenciales para la generación de energía nuclear”. El aviso de presentación podría pasar inadvertido, si no fuera que la planta en cuestión funciona en una zona residencial de barrio Alta Córdoba, en Rodríguez Peña 3250 de la capital provincial, y aledaña a un asentamiento popular.
¿Una planta de elaboración de dióxido de uranio y de materiales esenciales para la energía nuclear en un sector barrial densamente poblado? Es difícil de asimilar, pero eso sucede desde hace 43 años en la ciudad de Córdoba.
El combustible de pureza nuclear es aplicado al funcionamiento de las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y Atucha II.
Dioxitek es una empresa dependiente del Estado Nacional y de la Provincia de Mendoza (esta sólo tiene el 1%). Y su dilatada continuidad en la ciudad de Córdoba obedece en gran medida a la inoperancia de los gobiernos de orden nacional de los últimos 25 años para erradicarla de la provincia, y también a las generosas disposiciones de prórrogas que le concedieron diversas gestiones de la Municipalidad de Córdoba.
La situación ha llegado al límite de la tolerancia y es de esperar que, en bien de la seguridad y de la salubridad de la población, el Gobierno nacional, la Justicia y el municipio pongan fin de una vez a esta cadena de errores.
Los informes sobre el tema que venimos publicando desde hace varios días contienen testimonios de actuales trabajadores y exempleados de la empresa que dan cuenta de eventos referidos a la pérdida de material radioactivo en la planta de Alta Córdoba, los cuales no fueron informados a los organismos estatales competentes, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
A mediados de la década de 1980, ya había señales de alerta de parte de los vecinos afincados en la zona de calle Rodríguez Peña y otras aledañas, por los eventuales riesgos para la salud de las personas debido a la presencia de basura en el denominado “chichón”, una suerte de vertedero de 55 toneladas de residuos tóxicos.
Nunca nadie ofreció explicaciones profesionales médicas a esa gente sobre un eventual aumento de fallecimientos por casos de cáncer. Es probable que las alertas vecinales no hayan pasado el nivel de presunción, pero las sospechas quedaron y nadie se hizo cargo.
Demasiados antecedentes como para extender más el drama. Otro eslabón controversial de esta cadena de desencuentros tiene que ver con que la mudanza de Dioxitek (a todas luces justificada) pone en riesgo la fuente laboral de unas 120 personas.
Las últimas novedades indican que la reunión entre la empresa y la Municipalidad para obtener una nueva prórroga quedó suspendida. Lo esperable, pero difícil de concretar en términos operativos, es que la relocalización se produzca lo antes posible. Sin embargo, quedará abierto otro interrogante: ¿quién se hará cargo del gigantesco “chichón” tóxico en pleno barrio Alta Córdoba?
