Más allá de las críticas que se cruzan los precandidatos a presidente de la Nación, el dato cierto es que la deuda pública de la Argentina superó los U$S 403 mil millones al cabo del primer semestre del año.
Los dirigentes polemizan en torno de la actitud a asumir respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial por la magnitud de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri.
Sergio Massa, el ministro-candidato del oficialismo, asumió en los últimos días las posiciones más críticas del kirchnerismo y aludió a la posibilidad de cerrar un nuevo acuerdo para pagarle al FMI, con el objetivo de que se “vaya definitivamente del país”.
El discurso de barricada pretende arrebatarle eventuales votos a la izquierda –que rechaza el orden global pregonado por el FMI– al tiempo que se embandera con una posición que agrada a la vicepresidenta Cristina Fernández.
La deuda con el FMI –el único prestamista que tiene en estos momentos la Argentina– desnuda uno de los problemas estructurales del país.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, se instauró en los gobiernos de distintos signos la cultura de gastar más que los ingresos del Estado, por lo general para alentar el clientelismo político.
Ese déficit fue atendido, en primer lugar, con deuda interna y externa; luego, se redujo por las privatizaciones realizadas en la década de 1990, y cuando estos recursos no alcanzaron, el país volvió a endeudarse.
Durante la administración de Mauricio Macri se tomó un préstamo de 44 mil millones de dólares, que se usó para cancelar las inversiones especulativas que habían realizado grandes fondos externos.
Sin embargo, la falta de equilibrio en las cuentas públicas por parte de la gestión de Alberto Fernández llevó a esta administración a emitir obligaciones por más de 80 mil millones de dólares, según informes oficiales.
De tal modo, el actual Presidente, la vicepresidenta y el titular de Economía echan por tierra el falso discurso del desendeudamiento.
Esa práctica sólo la cumplió Néstor Kirchner, cuando saldó el pasivo con el FMI, pero se endeudó con el gobierno de Hugo Chávez, a tasas que triplicaron las que cobraba el organismo. Un negocio económico ruinoso, que comprometió políticamente al país con gobiernos autoritarios.
El posible acuerdo que se negocia ahora con el Fondo, en el marco de la quinta revisión del convenio firmado por Martín Guzmán, exigirá otra vez un recorte en los gastos y una actualización del valor del dólar oficial.
Hasta ahora, el Gobierno incumplió esas obligaciones, con múltiples excusas.
Más allá de este episodio, la clase dirigente debe asumir ante la sociedad el compromiso explícito de no gastar más que los ingresos, al tiempo que debe generar conciencia sobre una cultura de austeridad.
El concepto de que el Estado debe atender todas las necesidades de los argentinos, sin financiamiento genuino ni un orden de prioridades, debe desterrarse en forma definitiva.
Sin ese cambio cultural, la población conocerá –mes a mes– datos sobre el crecimiento insostenible de la deuda pública.
