El presidente Javier Milei decidió prorrogar la vigencia del Presupuesto Nacional 2023, ante la falta de apoyo en el Congreso al proyecto oficial para este año.
Las partidas establecidas para el último período de la gestión de Alberto Fernández también regirán para el presente ejercicio, con una desactualización notable en relación con la inflación acumulada en los últimos 12 meses.
La suba de precios alcanzó a 112% hasta noviembre último, que es el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Las partidas disponibles para las distintas áreas oficiales cuentan, a priori, con menos de la mitad del poder de compra o del pago de servicios que tenían 12 meses atrás.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar la asignación de gastos a través de sendos decretos que dispongan la readecuación de las partidas o una mayor asignación de fondos.
El gobierno de Javier Milei dispondrá de una amplia discrecionalidad para dirigir los recursos hacia las áreas que considere imprescindibles, en un contexto político marcado por la elección de medio término del Congreso Nacional.
Tales acciones podrían privilegiar a determinados sectores y a provincias en las que la agrupación La Libertad Avanza –que responde al jefe de Estado– prevea incrementar el número de diputados y de senadores nacionales que le respondan.
El oficialismo exhibió una escasa propensión para una discusión profunda del proyecto de Presupuesto 2025; en especial, en los capítulos referidos al incremento de los recursos para obra pública, el sostenimiento de las universidades nacionales y la mejora de las jubilaciones.
El único dato favorable que asoma en la prórroga de gastos y de recursos para este año es el congelamiento de las vacantes en la administración pública.
También se suma –en esa dirección– la decisión de desmantelar áreas y organismos caracterizados por la militancia partidaria antes que por la propensión a un servicio eficaz a la sociedad.
Más allá de estas particularidades, además del compromiso oficial de sostener los superávits primarios y financieros en las cuentas públicas, el verdadero desafío será crear condiciones para la inversión, la creación de empleos registrados y la mejora del salario.
El proceso que alienta la administración Milei llevará tiempo, en particular, en las regiones que carecen de los atractivos para las grandes inversiones o que poseen una escasa densidad para el consumo interno.
El equilibrio fiscal y una baja inflación aparecen como logros que la sociedad asumió en su mayoría.
Sin embargo, la población activa reclama ahora mejores condiciones y el registro laboral, que les permita a los trabajadores gozar de una atención médica digna y de una promisoria jubilación.
La mejora de los salarios estará vinculada a las inversiones, para evitar que un artificial “plan platita” suponga un alivio temporal, pero una pesada carga para el mediano plazo.
La recuperación de la actividad económica podría generar más ingresos para el Estado nacional que los previstos en el cálculo de 2023, por lo que el desafío para Milei y su equipo será enorme en su uso, en función de las nuevas demandas que plantea la sociedad.
