Los distintos sectores de la industria reforzaron en los últimos días sus reclamos por la situación del sector, clave en cuanto al empleo formal. También demandaron al Gobierno nacional una “política de desarrollo”.
Los pedidos provienen de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de las diversas entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas de la producción.
Martín Rapallini, titular de la UIA, pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que “hable más de industrialización”. Lo hizo durante la conferencia anual de la entidad, donde el funcionario aludió a los beneficios de la situación macroeconómica, pero no expuso planes de desarrollo para la actividad.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) reveló que en octubre la actividad cayó 4,6% en forma interanual, mientras que el empleo en el sector retrocedió 2,9%. En 10 meses de 2025, la metalurgia muestra signos de estancamiento.
En Córdoba, el sector acusó indicadores negativos en los últimos cuatro meses, lo que agrava las condiciones sociales y de actividad en el entramado vinculado con esas empresas.
Las cámaras que representan a las pymes industriales no fueron recibidas por las autoridades nacionales, mientras que el presidente Javier Milei desiste de concurrir a sus actos o convocatorias.
No es bueno que subsista la falta de diálogo entre el Gobierno y los representantes sectoriales en momentos en que el contexto macroeconómico está redefiniendo cómo será el modelo productivo de los próximos años.
Argentina es uno de los países más cerrados del mundo al intercambio comercial. Esta realidad no puede ser deconstruida en meses, con la apertura indiscriminada al comercio internacional.
De allí que los sectores afectados reclamen por una disminución de las cargas impositiva y laboral, con una expresión popular conocida como “nivelar la cancha”, la cual es cierta a la hora de afrontar la competencia con la importación.
Las reformas mencionadas no serán tratadas por el Congreso hasta febrero próximo, lo que hará más angustiante la situación por la que atraviesan cientos de empresas y miles de operarios.
La industria, protegida durante décadas, necesita ponerse al día en cuanto a su producción y comercialización, adaptándose al nuevo escenario, que refleja en parte los grandes cambios introducidos por la tecnología y la inteligencia artificial.
Es cierto que ese proceso no puede realizarse en un breve período como pretende el Gobierno, para que, con el ingreso de productos más baratos, bajen los precios y los consecuentes índices de inflación.
La reconfiguración de la industria provocará cambios en el consumo y en la realidad social de las comunidades de todo el país.
La experiencia vivida durante los últimos años de la década de 1990 debería inducir a las autoridades a contemplar ciertas situaciones.
Los desafíos de la industria argentina son enormes, pero la apertura indiscriminada es inadecuada para producir las transformaciones que beneficien a la población y a los trabajadores.
Una Argentina en crecimiento no puede dejar fuera de esa estrategia a importantes núcleos sociales.
