En sus casi cuatro meses de gestión, el Gobierno nacional aplica a rajatabla el objetivo de lograr el déficit cero en las cuentas públicas, aunque el logro de esa meta parece desatender en algunos casos el análisis del contexto actual.
Argentina es un país enfermo en cuanto a la inflación, desorden que prácticamente no conoce interrupciones en más de 60 años, salvo el período de convertibilidad del peso con el dólar.
El presidente Javier Milei pretende corregir este grave problema macroeconómico, que en la práctica supuso una decadencia en la calidad de vida de la población, con aumento de la pobreza.
El drástico recorte en la asignación de fondos, llamado popularmente “motosierra”, se instrumentó en todos los órdenes de la administración del Estado, en especial en las empresas públicas, caracterizadas por el derroche de recursos y la superpoblación de personal.
En los dos primeros meses de 2024, las transferencias desde el Tesoro nacional a 29 compañías estatales se redujeron en 53% en términos reales, si se comparan esos giros con el primer bimestre de 2023, descontada la inflación.
La poda incluyó a todos las entidades, con particular acento en Aerolíneas Argentinas, en las empresas ferroviarias y en los entes energéticos.
En Córdoba, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) fue una de las compañías que más recursos obtuvieron. No obstante, la remesa por $ 1.187 millones, 170% más que en el primer bimestre de 2023, implica una significativa pérdida en términos reales, frente a una inflación de 276,2% en el período.
Mantener cierta operatividad en Fadea quizá esté vinculada con la decisión de que ese establecimiento sería el encargado de reparar y actualizar los 24 aviones F16 que Argentina se comprometió a comprar a Dinamarca.
Los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba tuvieron una caída de 83% en relación con un año atrás.
Esa quita fue mayor que la reducción presupuestaria de 61,7% aplicada en la agencia de noticias Télam, cerrada desde el 4 de marzo, y en Radio y Televisión Argentina, que incluye la TV Pública y Radio Nacional, la que soportó una merma del 40%.
La sociedad aprobó en la elección presidencial llevar adelante una batalla frontal contra la inflación. Sin embargo, ese respaldo exige en cada ente o repartición pública una mirada sobre el contexto, para establecer si la quita puede provocar un daño mayor en el mediano y largo plazo, que afecte el crecimiento y los servicios que demanda la ciudadanía.
Los ejemplos en esa dirección son innumerables, pero sólo basta mencionar que la anulación de contratos a personal capacitado y eficiente en sus tareas podría perjudicar los servicios esenciales que debe prestar el Estado.
Cada recorte de fondos debe incluir un análisis más detallado del contexto y del impacto futuro, para evitar que el esfuerzo social sea sobrepasado por la prédica negativa de quienes provocaron la actual crisis socioeconómica, lo que omiten deliberadamente mencionar en sus diagnósticos.
