La manifestación nacional en defensa de la universidad pública tuvo la masividad requerida en estos casos para obligar al Gobierno nacional a reflexionar sobre el impacto de su ajuste económico y su ausencia total de políticas sectoriales.
No estamos diciendo que la calle gobierne, sino cuán difícil resulta gobernar contra la calle. Si a la ministra de Capital Humano le preocupaba que acudieran a la marcha porteña unas 40 mil personas, pues las autoridades de Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimaron que la concurrencia superó las 150 mil personas, mientras que mediante un cálculo más preciso el diario La Nación afirmó que hubo unas 430 mil. En Córdoba también se congregó una multitud.
Esa extraordinaria convocatoria se repitió a lo largo y a lo ancho del país, tanto en ciudades importantes como en localidades de menor relevancia. Reunió a gente de todas las clases sociales y de todas las edades. Tuvo apoyo del sindicalismo, de diferentes movimientos sociales y de casi todos los partidos políticos de la oposición, pero, para sorpresa del Gobierno nacional, también hubo legisladores oficialistas que adhirieron. En consecuencia, el intento gubernamental de desacreditar la marcha por supuesta “politización” resulta inadmisible.
La defensa de la universidad pública simbolizó un punto de convergencia social, en reacción al desfinanciamiento que promueve el Gobierno nacional. Como lo explicó el texto que se leyó en la marcha, las universidades sobrellevan “un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento”; esto es, el dinero que se destina a “mantener edificios; realizar obras; sostener programas de becas, residencias y comedores; incentivar el desarrollo científico; financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes”.
Su presupuesto, recordemos, es el del año pasado, que en realidad fue diseñado con valores de agosto-septiembre de 2022, cuando lo debatió el Congreso.
El Gobierno buscó cerrar la cuestión con la entrega de un adicional en los últimos días, con la expectativa de que la marcha perdiera sentido. La comunidad universitaria le respondió: “El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”.
Seguramente hay áreas universitarias donde los recursos no son administrados con eficiencia. Seguramente hay excesos que deben corregirse. Seguramente hay objetivos que deben ser más enfocados a las reales necesidades del país. Pero de allí a tomar medidas drásticas con efectos negativos sobre amplias franjas de la población, sin diálogo alguno, sin buscar previamente coincidencias, no puede menos que generar el malestar que se vio en las calles de las principales ciudades.
La discusión revela el problema central de la gestión de Javier Milei: hay múltiples indicios de que el Gobierno no cuenta con políticas concretas para diferentes áreas estatales sobre las que pesan diagnósticos negativos respecto de su funcionamiento. Y no procura acuerdos antes de confrontar y descalificar. Parece que todo lo que procura es desafectar al Estado nacional de sus obligaciones, para bajar el gasto. Eso implica cerrar reparticiones, cancelar políticas sociales, privatizar empresas o desfinanciar organismos. Su fórmula para gastar menos es que haya menos Estado.
La defensa de la universidad pública representa la primera reacción social contra esa premisa. Si el Gobierno no la modifica ni la complementa con políticas concretas, podría fomentar otras en el futuro cercano.
