Entre advertencias sobre los riesgos crecientes que enfrentan el periodismo y la libertad de expresión en el continente, concluyó el domingo en República Dominicana la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Más que una cita institucional, fue una suerte de espejo donde los medios latinoamericanos se miraron con inquietud: el reflejo es el de un oficio cada vez más asediado.
El presidente dominicano, Luis Abinader, dio un mensaje que pareció contradecir la tendencia regional. Ratificó su apoyo a la labor periodística con la firma de la Declaración de Salta II, actualizada el año pasado en Córdoba, que reafirma la defensa de la libertad de expresión en la era digital. “Un gobierno que teme a la prensa –dijo– teme a la verdad, y un gobierno debe proteger a la gente y sus derechos”. Una afirmación sencilla, aunque poco frecuente en los tiempos que corren.
En la apertura, el ahora expresidente de la SIP, José Roberto Dutriz (La Prensa Gráfica, El Salvador), recordó que ni siquiera las democracias más consolidadas están inmunes al deterioro. Señaló que en Estados Unidos “la embestida del gobierno de Donald Trump contra los periodistas, las demandas judiciales y las amenazas de retirar licencias de radiodifusión” marcaron una peligrosa deriva. Si eso ocurre en la cuna de la Primera Enmienda, ¿qué queda para el resto del continente?
La advertencia fue compartida por Laura Gil, secretaria general adjunta de la OEA, quien alertó sobre una crisis más profunda: la desconfianza social hacia las instituciones y hacia los propios medios. “La gente dice: no necesito a los medios, tengo a las redes sociales y ahora a la inteligencia artificial. Los gobiernos afirman: no necesito a las organizaciones multilaterales. Así terminamos fragmentados, ahogados por el ruido y en plena soledad”, lamentó. Es, en efecto, la soledad de la verdad frente al vértigo de la desinformación.
Durante la Asamblea –que congregó a editores, a periodistas y a ejecutivos de todo el continente–, se debatieron los informes de libertad de prensa en 24 países. Los diagnósticos fueron duros: censura, persecución judicial, violencia y precariedad económica. La SIP alertó que las presiones contra el ejercicio informativo se han acelerado; que ya no se restringen a las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, y que crece el uso de operadores digitales al servicio de gobiernos para amplificar discursos oficiales y hostigar voces críticas en países gobernados por presidentes de izquierda o de derecha, como puede verificarse en Colombia, en El Salvador, en Argentina y en Costa Rica.
El panorama se ensombrece aún más con el avance del autoritarismo y del periodismo bajo fuego en Haití, en Perú y en Guatemala. Los testimonios de periodistas exiliados o desplazados, de redacciones sitiadas o al borde del cierre, revelan una región donde informar se ha vuelto un acto de riesgo.
Las conclusiones de la SIP son tan claras como inquietantes: la libertad de prensa se debilita, el autoritarismo avanza y la verdad se encoge entre amenazas. Pero también se reafirmó una certeza: sin periodismo libre, no hay democracia posible.
Defender la prensa no es un interés gremial, sino un deber ciudadano. Los gobiernos deben entenderlo: proteger a los medios, garantizar la seguridad de los periodistas y fomentar el pluralismo no son un gesto de tolerancia, sino una condición para la democracia misma. Porque, cuando se silencia a la prensa, lo que se apaga no es una voz: es la posibilidad misma de la verdad.
