Cristina Kirchner ha decidido tensionar hasta el límite su contradicción personal con la voluntad popular.
A la demanda de cambio que expresaron las urnas acaba de responder con una maniobra para zafar en una de las causas más comprometedoras que tenía en la Justicia. Y a la urgencia de responsabilidad dirigencial frente a la crisis económica, le aportó el breve esfuerzo de una nueva carta, donde descarga en Alberto Fernández y en la oposición toda la mochila del ajuste inevitable y busca preservarse, como si viviera en el exilio político.
Conviene observar la secuencia. Primer acto, la impunidad. La vicepresidenta jamás pudo justificar su actividad como empresaria hotelera. Un negocio privado en el que involucró a sus dos hijos para asentar cobros a contratistas del Estado a los que su administración les pagaba fortunas, con fondos del presupuesto público.
Su estrategia judicial fue que jamás se ventilaran las pruebas de ese trasiego en un juicio oral y público. Lo consiguió, con el favor de dos jueces afines. La maniobra se construyó con el concurso del juez Daniel Obligado, el gestor de la amnistía fáctica para Amado Boudou, y de Adrián Grünberg, un oportunista de Justicia Legítima al que se le acababa en cuestión de horas una subrogancia cuyo objetivo ha quedado en evidencia.
Impunidad garantizada
El contraste es impactante: en el mismo año en que condujo al peronismo unido a la derrota electoral más contundente de su historia, Cristina Kirchner obtuvo la mayor cantidad de beneficios en términos de su impunidad personal y familiar. Y la liberación de todos los integrantes de su espacio político que estaban detenidos por delitos de corrupción. Ricardo Jaime es la excepción que confirma la regla.
Todas las iniciativas presentadas como transformaciones profundas en el Senado Nacional caminarán al archivo: la reforma judicial; la comisión Beraldi para cambiar la Corte Suprema; la reforma del Ministerio Público Fiscal. Esa puesta en escena con retórica reformista siempre tuvo como objetivo una trasformación menos visible, construida con decisiones pequeñas y pragmáticas: designaciones y subrogancias amañadas; amagues de juicio político a jueces y fiscales díscolos; jubilaciones oportunas para algunos magistrados; manejos discrecionales de plazos y jurisdicciones.
Discurso maximalista, maniobras minimalistas. Proclamas de victimización en público, arropadas en un discurso de debilidad ante los poderes fácticos. Mientras tanto, se ejecutaba por lo bajo una práctica implacable del poder fáctico para agenciarles salvoconductos de impunidad a los victimarios. En tres ocasiones Cristina Kirchner logró eludir este año la concreción de juicios orales y públicos. La dejaron elegir los casos más convenientes para actuar alegatos desde su despacho. Imposturas de favorita, en relevo de su obligación de banquillo. Pero en la causa donde tenía que explicar la sospechosa conserjería de Lázaro Báez en sus hoteles desprolijos consiguió –como bonus– absolución y silencio.
Objetivos más ambiciosos
El saldo favorable del año judicial para Cristina Kirchner le abre las puertas al oficialismo para objetivos más ambiciosos. No sólo el direccionamiento de las investigaciones judiciales hacia los adversarios políticos que acaban de derrotarlo. También la garantía de disciplinamiento social ante las dificultades crecientes de una crisis que se acelera a toda velocidad.
Segundo acto de la vice en escena: reconocer que se viene el ajuste, pero intentar escabullirse de sus responsabilidades.
La circular difundida por el Banco Central con el nuevo cepo cambiario dejó un título refulgente: las reservas en dólares se terminaron. El Estado resolvió devaluar al cargarle a uno de sus tantos tipos de cambio una tasa de interés que incorpora el desborde inflacionario.
El dólar que estaba a 60 pesos cuando el triunfo de Alberto Fernández hoy vale 200. Pero el peso –dice el oficialismo– no se devalúa. El país recibió este año dos inyecciones de divisas imprevistas. En el primer semestre, por precios récord para las exportaciones. Y más de cuatro mil millones de dólares que llovieron del FMI por caridad pandémica. Pero el drenaje de reservas para que el dólar no llegara a $ 200 y provocara una derrota electoral no consiguió ninguno de sus objetivos: no frenó la devaluación ni impidió la derrota.
El ministro Martín Guzmán pergeña en su notebook su primer plan económico. Aceptaría una reducción del déficit fiscal a 3,5 puntos del producto bruto. Implicaría un sinceramiento de las tarifas subsidiadas. Algo que en un primer tramo del ajuste inducirá más inflación. Sobre un piso de 50% (y elevado desempleo) suena inviable que las paritarias equilibren el desfase: lo que viene es más caída del salario.
La inminencia del ajuste es proporcional a la extensión de la carta con la que Cristina intenta despegarse del problema. Más cercana la devaluación, más párrafos para Facebook. Ya consiguió zafar de sus expedientes. Ahora amenaza con irse a su casa porque a la lapicera del ajuste “la tiene el Presidente”.
En ese contexto, la deliberación social corre el riesgo de ser distorsionada por extravíos violentos. El atentado contra el diario Clarín encendió alarmas en todo el sistema político. Mereció y tuvo un repudio amplio y justificado. Cristina Kirchner enmascaró el suyo en una condena ambigua de La Cámpora, que equiparó la agresión violenta con los “discursos de odio”. Una de las construcciones ideológicas que el kirchnerismo solía asociar con el lawfare.
Un resabio narrativo de cuando los jueces le fallaban en contra y parecía detenido el reloj de los vencimientos con el FMI.
