El servicio de salud en Córdoba viene resentido desde hace varios meses por el dilatado conflicto entre las clínicas privadas y las obras sociales. Un resquebrajamiento que se verifica, además, en la falta de insumos médicos y en los reclamos de los profesionales por una mejora sustancial de los honorarios por atención ambulatoria, como también por prácticas de distinta complejidad.
En una apretada síntesis, habrá que colegir que, lejos de dirimirse por completo, los problemas parecen conducir siempre al punto de partida. Y los pacientes son los más afectados por un frente enrevesado que no augura buenos pronósticos.
La brutal devaluación del peso, la inestabilidad del dólar, la escalada inflacionaria que treparía a niveles de hiperinflación y la escasez de insumos básicos han colocado al sistema de salud pública y privada en riesgo de caer en un estancamiento impensado.
No son presunciones tomadas al azar. En un informe que publicamos días atrás, facultativos y directivos de asociaciones profesionales del rubro advierten sobre un panorama insostenible, que en un futuro no muy lejano determinaría el colapso total de algunas clínicas privadas; esto es, el cierre.
A la luz de que corre peligro de desplomarse sin remedio el derecho fundamental de la población de acceso a la salud, muchos se preguntan qué espera el Estado para dar respuestas a una situación de alta sensibilidad social ramificada en la Argentina.
Sin entrar a hurgar en terrenos políticos escabrosos, es necesario poner en atención que ningún ajuste, por severo que fuere, exime a los gobernantes de honrar sus obligaciones en materia sanitaria.
El tema de la salud colectiva es una prioridad y amerita la incumbencia del Estado, aun en tiempos de estridentes podas presupuestarias y de dificultades de los profesionales para congeniar precios con los distribuidores de insumos. Todo parece ser cálculo y especulación. Un fenómeno que, en esta suerte de sálvese quien pueda, se observa tanto en un almacén de barrio como en una distribuidora de materiales importados y nacionales de uso clínico.
“El panorama es complejo. Entendemos que las autoridades tomarán nota de este problema porque, sin ayuda, a muchas instituciones de salud no les quedará más de tres meses de vida”, avisa Ignacio Escuti, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba.
Si semejante diagnóstico no es suficiente para que los ideólogos del ajuste orienten las prioridades, habrá que tomar con real preocupación la advertencia de los distintos sectores de la salud, en el sentido de que se anticipan “días negros”.
Y, vale la reiteración, en la mayoría de los casos todo se carga a la cuenta del paciente, como los onerosos copagos, que vinieron a complejizar aún más los derechos de la gente. De personas de escasos recursos compelidas a peregrinar por una atención en consultorio o por un análisis clínico.
Visibilizar la crisis será conducente en tanto el Estado tome nota y cumpla con sus obligaciones.
