El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para regular de manera extraordinaria las medidas sanitarias durante la pandemia. El propósito es que la ley entre en vigencia el 22 de mayo, cuando vence el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente, que restringe actividades y la circulación de personas en distintas regiones del país.
En principio, el proyecto no encontrará obstáculos para su aprobación en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría. Pero podría obtener un resultado negativo en Diputados, donde el oficialismo cuenta con apenas 119 legisladores y necesita un mínimo de 129 votos afirmativos para aprobarlo. Por eso la gravedad institucional que representa la propuesta se puede medir en la oposición que va encontrando en la Cámara Baja.
Graciela Camaño, de Consenso Federal, directamente lo ha calificado como “inconstitucional”. Juntos por el Cambio anunció que se opondrá y la próxima semana dará a conocer sus argumentos, luego de una reunión política con sus máximos referentes. Y Carlos Gutiérrez, titular del bloque Córdoba Federal, aseguró que no votarán “ninguna ley que vulnere las autonomías provinciales”.
El diputado cordobés, como casi todo el arco político, interpreta que se trata de la respuesta del Gobierno nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló al Gobierno porteño cuando judicializó la decisión del Presidente de impedir las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, fue al Congreso y expuso ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud. En su intercambio con los legisladores, no pudo evitar una doble contradicción.
Por un lado, el proyecto postula un mecanismo de diálogo entre las autoridades nacionales y las provinciales. Pero Ibarra advirtió que ese diálogo no será “vinculante”. En la práctica, entonces, el intercambio pautado entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno perderá todo su sentido si las provincias no podrán oponerse a lo que resuelva la Nación. ¿Qué sentido tiene el diálogo si el interlocutor podría expresarse en contra de la propuesta presidencial, pero igualmente luego tendría que acatar lo que el presidente resuelva?
Por otro lado, el proyecto no puede crear un contexto normativo para la emergencia dentro de la Constitución Nacional, como lo ha sugerido Ibarra, pero a la vez restringir derechos que se ejercen desde los gobiernos provinciales.
El marco constitucional argentino reconoce que las provincias son anteriores a la Nación. Eso significa que el Gobierno nacional se constituyó cuando las provincias le delegaron determinadas facultades. Luego, el Gobierno nacional no tiene la potestad de recortarles a las provincias las facultades que estas se reservaron para sí.
Desde la Casa Rosada replican que la intención es “cuidar la salud de los argentinos”. Nadie busca impedírselo. La clave es que cualquier cosa que se proponga un presidente debe estar de acuerdo con el ordenamiento constitucional. Porque, como lo ha sostenido la Corte Suprema en su fallo, la pandemia no suspende la vigencia de la Constitución.
