Luego de unos meses de aparente tregua, volvieron a ser noticia las carreras ilegales, conocidas popularmente como “picadas”.
Esta vez, protagonizadas por decenas de irreflexivos motociclistas que tomaron como “circuito” la ruta provincial E-55, hace tiempo en formato de autovía, que va desde El Tropezón hasta La Calera, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Con mayor precisión geográfica, la denuncia alude a picadas con punto de largada en cercanía de la estación de peaje en dirección a la citada ciudad serrana.
Tal como registran los archivos, se trata de las andanzas de motociclistas y de automovilistas que ponen en riesgo sus propias vidas y las de eventuales terceros involucrados, entre ellos, los espectadores del evento o algún conductor de otro vehículo que nada tiene que ver con la competencia improvisada y que puede ser víctima de un choque terrible.
Se podría inferir que la Policía se relajó un poco en lo que concierne al control de estas convocatorias ilícitas, que solían tener como epicentro el parque Sarmiento y los accesos a la ciudad capital, como la autovía E-53, en inmediaciones del aeropuerto de Córdoba.
En ese contexto de transgresiones, es oportuno recordar la carrera ilegal y mortal de automóviles y de motos que en febrero de este año se realizó en horas de la madrugada en esa zona de la autovía E-53. Como resultado de una colisión en cadena, murió un joven de 19 años. Hubo heridos de gravedad y la lógica conmoción pública por un desastre evitable.
Los funcionarios policiales y del ámbito de Seguridad de la provincia avisaron entonces que se profundizarían los controles en las zonas consideradas críticas. Es de admitir que los refuerzos pertinentes de la Policía pusieron en pausa a los protagonistas de esas “juntadas” motorizadas que con frecuencia eran agitadas con pasmosa impunidad desde las redes sociales.
Sin embargo, a tenor de las denuncias de vecinos de camino a La Calera, parece ser que las tragedias no sirvieron de advertencia. Un buen número de “competidores” se congregó al rugir de los escapes, hasta que una denuncia y la acción de la Policía los puso en retirada.
Habrá que alertar que se trata de actividades fuera de toda legalidad y, como tales, son punibles en la Justicia. Por ello, los controles deben ser exhaustivos y, si fuera necesario, proceder a la aprehensión de los infractores.
De hecho, tras la infausta picada de febrero pasado en la que murió el joven, resultaron imputadas 10 personas, entre varones y mujeres, por transgresiones diversas.
Los seguimientos sin fisuras en las horas que se ponen en acción estos desatinos (sobre todo de madrugada) serán determinantes.
Pero además es crucial que quienes infringen las reglas y molestan a los vecinos con ruidos insoportables tomen conciencia del peligro propio y ajeno. Las picadas engrosan con recurrencia las noticias infaustas, no sólo en la ciudad de Córdoba. Y las autoridades de control deben explorar una solución eficaz.
