El flamante secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, les comunicó a los productores de alimentos y de artículos de higiene personal y a las principales cadenas de supermercados que deberán retrotraer sus precios de venta al público al 1 de octubre y mantenerlos congelados hasta el 7 de enero próximo.
La medida representa un retorno de la agresiva política que el kirchnerismo supo llevar adelante bajo la gestión de Guillermo Moreno, ahora enmarcada por la particular filosofía que Feletti comunicó al asumir: su objetivo sería, más que administrar precios, “hablar racionalmente de costos y de márgenes de ganancias de las empresas”.
Si no resultaba razonable que un gobierno, del signo ideológico que fuere, se dedicase a fijar los precios de alimentos y otros insumos básicos de la población, menos lo es que ahora quiera supervisar los costos de producción y fijar los márgenes de ganancias de las empresas. Es ilógico, por donde se lo mire, que el empresario tenga que invertir y hacerse cargo de los costos y de los riesgos de la producción de algo, mientras que un funcionario del Gobierno se reserva el derecho de marcarle el precio de venta y, por tanto, su hipotética ganancia.
Ahora bien, si ese programa resulta falto de toda lógica en una economía estable, en la Argentina de hoy, con una importante caída del consumo y una inflación superior al tres por ciento mensual y recalentándose en las últimas semanas, es absurdo.
Los controles de precios se han instrumentado en innumerables ocasiones y nunca dieron el resultado esperado, porque no son una herramienta que pueda frenar la inflación. Como hemos advertido en otras oportunidades, generan desabastecimiento, aumentos de precios y una desigualdad geográfica y comercial creciente.
Las listas de precios que impone la Secretaría de Comercio sólo suelen estar vigentes en las grandes cadenas de supermercados de las más importantes ciudades del país. En los mercados y almacenes de las pequeñas localidades del interior argentino, lo que impera es el desabastecimiento y los precios diferenciales, a veces justificados por nuevas presentaciones del mismo producto.
Como el índice de precios al consumidor se mide en las grandes ciudades, allí los controles permiten mostrar un relativo éxito gubernamental en las primeras semanas del congelamiento. Pero en el resto de la Argentina funciona un circuito alternativo, con otros precios para los productos que los fabricantes aceptan distribuir.
Vale destacar que los empresarios no obran de esta manera por ser especuladores que no cejan en su empeño de ganar más dinero, sino porque las propias autoridades saben que tienen que dejarles una válvula de escape para que las pérdidas que les provocan los congelamientos no pongan en riesgo todo el sistema productivo. En 2020, frente a una inflación superior al 35 por ciento, los precios regulados apenas experimentaron un aumento cercano al 15 por ciento.
El Gobierno no puede seguir negando la realidad: la inflación no es responsabilidad de los productores de alimentos, sino de las propias autoridades.
