La ciudad de Córdoba podría dar un salto innovador en materia de control del tránsito con la creación de un Sistema de Reporte Ciudadano de Infracciones.
La iniciativa, presentada en conjunto por los concejales Nicolás Piloni (justicialista) y Javier Fabre (radical), habilitaría a la gente a denunciar faltas de estacionamiento desde sus celulares mediante la aplicación oficial municipal.
El reporte tendría validez probatoria y, en casos críticos, podría activar de inmediato la intervención de una grúa.
Entre los fundamentos del proyecto, hay uno esencial: el mal estacionamiento es la infracción más común en Córdoba y una de las principales causas de conflicto de convivencia.
Rampas bloqueadas, accesos obstruidos y garajes tapados vulneran derechos básicos de movilidad y accesibilidad.
El objetivo es, entonces, mejorar la convivencia urbana, garantizar accesibilidad y dar respuestas rápidas a situaciones que afectan a miles de personas.
No se trata de una iniciativa aislada. Existen antecedentes en ciudades como Buenos Aires, Salta, Seattle o Toronto, donde mecanismos similares de denuncia digital contribuyeron a reducir progresivamente las infracciones.
Córdoba ya tiene experiencia en reportes ciudadanos: desde 2018, mediante la App Ciudadana y WhatsApp, los vecinos informan sobre veredas en mal estado, baldíos abandonados o basura acumulada. Este proyecto amplía esa lógica al tránsito, que concentra la mayor cantidad de actas labradas en la ciudad.
La propuesta no está exenta de riesgos, dado que habilitar a la ciudadanía a registrar infracciones puede transformar a la sociedad en una red de vigilancia mutua.
En ese sentido, ¿hasta qué punto la participación ciudadana fortalece la convivencia y no la erosiona, al convertir la calle en un espacio de sospecha y delación? Además, ¿podrían algunas de estas situaciones crear conflictos entre denunciados y denunciantes?
Los impulsores, sin embargo, defienden la iniciativa como un instrumento de cooperación y cuidado del espacio común. Subrayan que no se trata de vigilar al vecino, sino de garantizar derechos básicos: que una persona con discapacidad pueda usar una rampa, que alguien no quede encerrado en su garaje, que las ambulancias tengan accesos libres.
Además, el sistema exige validación de identidad, lo que reduce riesgos de denuncias falsas y promueve un uso responsable.
Los beneficios potenciales son evidentes: más control sin aumentar costos, mayor rapidez en la respuesta municipal, un ordenamiento más efectivo de la ciudad y una convivencia menos atravesada por conflictos diarios.
En tiempos de polarización política, el hecho de que el proyecto haya nacido de un acuerdo entre un concejal radical y otro justicialista también ofrece un mensaje alentador: puede haber consensos cuando lo que está en juego es mejorar la calidad de vida urbana.
Por eso, lejos de constituir una amenaza a la libertad, este sistema aparece como una oportunidad para democratizar el control del espacio público y hacerlo más justo y accesible.
Con reglas claras, validación de identidad y transparencia, Córdoba puede dar un paso firme hacia una ciudad más ordenada, inclusiva y solidaria, en la que no se naturalice el caos.
