El 16 de enero pasado, el dirigente peronista cordobés Guillermo Ceferino Kraisman y una mujer que lo acompañaba se presentaron en una sucursal del Banco de Córdoba en la capital provincial. Pretendían cobrar el primer sueldo de una supuesta empleada legislativa cuyos datos para el pago no coincidían con los que Kraisman y su acompañante presentaban en la entidad bancaria.
Kraisman, exlegislador provincial, fue detenido entonces por tentativa de estafa. La duda generada por la presunta existencia de una “empleada fantasma” en el Poder Legislativo provincial motivó la consulta periodística a las autoridades de la Unicameral sobre el listado de agentes contratados.
Ante la falta de respuesta oficial, La Voz realizó un pedido de información en el marco de los procedimientos previstos en la Ley 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, pero la difusión pública de los datos requeridos no se produjo en el plazo de 10 días hábiles ordenado por esa norma, sino 82 días después y como consecuencia de un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial.
Sólo entonces las autoridades legislativas revelaron datos sobre la composición de la nómina de personal registrado en la Unicameral: en mayo pasado, había 1.055 asistentes y, tras los vencimientos contractuales operados a mediados de año, nueve empleados menos.
Pero recién esta semana se conoció la lista de contratados en la que figuraba aquella supuesta empleada cuyo sueldo intentaba cobrar el exfuncionario Kraisman. Ese listado no fue informado por la Unicameral, sino descubierto por otra investigación periodística.
Lo que ahora se conoce es que junto con la “empleada fantasma” había otras 22 personas en la nómina de contratados. Tras la tentativa de estafa detectada en enero, quedó en manos del fiscal Anticorrupción Franco Mondino la investigación del intento irregular de cobro del sueldo por parte de Kraisman y de su acompañante.
El fiscal Mondino calificó inicialmente el hecho como un conflicto entre privados. Fue el juez de Control, Gustavo Hidalgo, quien ordenó lo evidente: investigar una tentativa de defraudación a la administración pública.
Pese a esta corrección más que significativa, el fiscal Anticorrupción decidió restringir la investigación sólo a los tres protagonistas del episodio inicial: Kraisman, su acompañante y la persona cuyo sueldo se pretendía cobrar. No quiso indagar si los otros 22 integrantes de la nómina donde figuraba la “empleada fantasma” cumplían tareas normalmente o si había algún riesgo de que existieran otras contrataciones irregulares.
Esta peculiar austeridad investigativa del funcionario designado para el fuero Anticorrupción merece ser observada con atención por las autoridades provinciales.
La decisión judicial de enmendar la carátula –porque sobran elementos para presumir que la sociedad está en presencia de una tentativa de defraudación con fondos provenientes del Estado provincial– fue obedecida de modo tan restrictivo por la fiscalía Anticorrupción que bien podría desfilar un despropósito ante las vendas de la Justicia sin riesgo de ser detectado como anomalía.
Mientras, la cadena de opacidades de la Unicameral en torno de la administración de su presupuesto continúa ofreciendo capítulos desdichados de una misma saga.
